Los regantes de la huerta denuncian que la venta de agua por parte de Orihuela disminuirá los retornos de riego afectando al caudal ecológico del Segura y, a las zonas húmedas protegidas de El Hondo, Santa Pola y Carrizales
TEXTO E. DE GEA
SÁBADO 06-06-2015
Los Juzgados de Aguas y Sindicatos de la “Cola del Segura”, que aglutina aproximadamente al 50% del la huerta de la Vega Baja y Comunidad de Regantes “Los Carrizales” de Elche han presentado ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) una serie de alegaciones en contra de la solicitud de autorización del contrato de cesión temporal de derechos de uso privativo de aguas entre el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (como cedente) y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (como cesionario).
En nuevas las alegaciones que se complementan con las ya presentadas el 16 de mayo se muestra nuevamente “nuestra solidaridad” con los regantes del Trasvase Tajo-Segura, solidaridad que no se puede confundir con rentabilizar económicamente una situación de necesidad por la que atraviesa el sector Trasvase Tajo-Segura para obtener un beneficio.
Además se recoge que para poder autorizar la cesión de derechos de uso de agua la normativa vigente -Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio- exige como condición sine qua non que no perjudique los derechos de terceros o terceras Comunidades y que no afecte a los caudales medioambientales, al estado o conservación de los ecosistemas acuáticos o incumplan algunos de los requisitos señalados en su Sección 1ª del Capítulo III de la citada Ley “condiciones que no se dan”.
Por otro lado se señala que la sesión prevista incumple que la Comunidad cedente tenga un control riguroso de medición del agua entrante, de la que se cede y de los retornos.
“Como ya dejamos sentado en nuestro escrito de 16 del pasado mes de mayo y por los motivos expuestos en él, esta cesión de agua perjudica gravísimamente a las Comunidades que representamos, al mermar sensiblemente los retornos a producir por la Comunidad” se denuncia.
las alegaciones indican que la cesión atenta contra el medioambiente al afectar el caudal ecológico que tiene que circular por el río y a la conservación del ecosistema acuático al disminuir prácticamente dicho caudal ecológico, inexistente de hecho en su tramo comprendido entre la última presa de Orihuela y su Cola. Además, “se pone en peligro” el sistema de zonas húmedas compuestas por el Parque Natural del Hondo de Elche/Crevillente, las Salinas de Santa Pola en Elche, y los humedales catalogados (Inventario Nacional de Zonas Húmedas – BOE 71 Resolución de 9 de marzo de 2011) de Carrizales y Hondo de Amorós, yendo en contra de normativas europeas como la Directiva Marco de Agua.
El escrito de denuncia abunda sobre que el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela carece de un sistema de control riguroso del agua entrante y de los retornos (éstos en todos sus puntos). Por ello “rechazamos” la propuesta de estudio sobre posibles puntos de medición de caudales hecho por el mentado Juzgado de Aguas y obrante en el expediente, “por ser parcial, inexacto y no ajustarse a la realidad”.
En este sentido se destaca el Informe del Jefe de Servicios de Control de Aprovechamientos de la Comisaría de Aguas de la CHS, que dice en el expediente AC1-8/2015, de fecha 27 mayo 2015 que “tal situación de ausencia general de equipos de medida de volumen, imposibilita materialmente la cuantificación de los volúmenes consumidos por el JPAO y correlativamente la medida de cualquier cesión de derecho que pudiera establecerse”.
“Por todo lo anterior, ni puede ni debe autorizarse tal cesión, que de aprobarse sería ilegal e injusta” señalan las alegaciones de los regantes .
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