EUPV tilda de interesada la defensa de las diputaciones por el PP y sostiene
que no tienen legitimidad para dar lecciones de moral en estas instituciones, tras los sangrantes casos de corrupción en Castellón, Valencia y Alicante
TEXTO E. DE GEA/REDACCIÓN
ALICANTE 17-03-2016
Estos días estamos asistiendo a la reacción del Partido Popular en defensa de las Diputaciones Provinciales por el pacto de gobierno entre PSOE y Cs. Están presentando mociones en todos los ayuntamientos de Alicante donde argumentan que estas instituciones ofrecen servicios que garantizan la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y amenazan afirmando que su supresión abocaría a la desaparición de los pequeños municipios.
La diputada de izquierdas Raquel Pérez afirma que las retribuciones de los 15 diputados del equipo de gobierno de la Diputación de Alicante junto con sus 9 asesores suman un montante de más de 1.400.000€, es decir, que solo los presupuestos municipales de 34 municipios de la provincia superan esta cantidad. Por tanto, la única defensa que el PP está realizando de las diputaciones es el mantenimiento de los privilegios de unos cuantos frente a la protección real de la vertebración del territorio. Los escándalos como el de Fabra en Castellón, Rus en Valencia y Ripoll en Alicante, todos del Partido Popular, deslegitimiza a esta organización su defensa y pone de manifiesto su aferramiento al querer mantener una institución, que hasta el momento, han sido generadoras de clientelismos y amiguismos.
Pérez indica que una administración pública, como las diputaciones, donde los representantes políticos son de elección indirecta, no rinden cuentas de sus actividades y de su gestión en ningún proceso electoral y sus presupuestos están más que desequilibrados entre funcionariado, competencias y servicios que prestan; por higiene democrática deberían desaparecer progresivamente traspasando sus competencias a mancomunidades, comunidades autónomas o ayuntamientos.