NUEVAS INVESTIGACIONES JUDICIALES EN EL “ESCÁNDALO” DE LA COMPRAVENTA DE FINCAS

 TEXTO Y FOTOS E. DE GEA

TORREVIEJA 15-09-2014

El Equipo de Delitos contra el Patrimonio y contra el Orden Socioeconómico de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha tramitado nuevas diligencias ampliatorias en el procedimiento abreviado 3416/2005 que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Torrevieja en la causa abierta en el año 2005 por la compraventa millonaria de fincas de Almoradí y San Miguel de Salinas por el exAlcalde de Torrevieja, Pedro Angel Hernández Mateo.

Los Verdes hoy en rueda de prensa
Los Verdes hoy en rueda de prensa

 En las diligencias practicadas durante el pasado mes de Febrero del presente año fueron llamados a declarar dos de los socios de la mercantil Edén del Mar, el exAlcalde y su esposa, un exConcejal del P.P. y un conocido corredor de fincas de Torrevieja.

 Los interrogatorios versaron sobre la autenticidad y sobre el contenido del contrato de compraventa de las referidas fincas, que fueron aportados hace algunos meses a la causa, manifestándose sobre el mismo las seis personas que habían sido citadas a declarar ante los agentes de la Guardia Civil. 

 De las declaraciones vertidas en los interrogatorios se desprenden algunos datos bastante relevantes, como lo serían las contradicciones en las que incurrieron los  dos administradores del grupo de empresas de Edén del Mar, el total desconocimiento manifestado por la esposa del exAlcalde de gran  parte de los hechos, y la pintoresca y curiosa  declaración del conocido corredor de fincas que intermedió para cerrar la operación, que al parecer y por no haberse concretado en los términos inicialmente acordados, no tuvo más remedio que conformarse con un pago o compensación en comidas a falta del correspondiente cobro de la comisión monetaria pactada.

 Precisamente fue esta última, la declaración del corredor de fincas, la más concluyente a la hora de dilucidar si efectivamente había  habido o no delito de tráfico de influencias en el trasfondo de esta jugosa operación de compraventa millonaria de fincas de Almoradí y San Miguel de Salinas, manifestando que se reunían los cuatro a negociar las condiciones de la compraventa, a saber, el entonces Alcalde, los dos administradores de Edén del Mar y el propio corredor, indicando que los compradores decían que Hernández Mateo  no había cumplido lo prometido y este último que los representantes de la promotora había incumplido los pagos. 

 

Todo ello con la aportación del remate final, cuando manifiesta que después de estar las dos partes totalmente de acuerdo con las cláusulas incluidas en el contrato y muy especialmente con la que hacía referencia a la estipulación IV en la que se especifican –las condiciones con las que el Ayuntamiento de Almoradí deberá de aprobar la urbanización de la finca y que Hernández Mateo apoyaría todas las iniciativas de los compradores ante el Ayuntamiento de Almoradí para que así fuera–, el Sr., Hernández Mateo dijo que no podía firmar ese contrato, precisamente por el referido apartado, indicando que no podía firmar esa cláusula por que le comprometería políticamente y que por tanto irían directamente a escriturar a Notaría respetando lo acordado verbalmente. 

 Estas nuevas diligencias judiciales vuelven a comprometer muy seriamente al exAlcalde de Torrevieja, poniendo de manifiesto que no se trataría de una inocente operación con mucha suerte o a rebufo de la burbuja  inmobiliaria, sino que estaríamos ante la presunta comisión de un delito penal por tráfico de influencias de los muchos que se han venido denunciando durante la época del boom de la construcción.

 Los Verdes esperan que pronto se puedan practicar las nuevas pruebas y declaraciones de testigos solicitadas por la acusación popular para que vayan concluyendo las diligencias de investigación y pueda abrirse la fase del juicio oral de esta causa que a trancas y barrancas viene tramitándose desde el año 2005, en la que tuvo que intervenir el C.G.P.J. por los considerables retrasos que motivaron la prescripción de los delitos fiscales que pudieran haberse cometido como consecuencia de los ingresos por más de medio millón de Euros  localizados en varias de las cuentas bancarias de Hernández Mateo de los que no se pudo  justificar su origen y procedencia.