Les Corts aprueban una propuesta de Podemos para que el bono social se aplique a los hogares con pobreza energética con cargo a las ayudas cobradas en exceso por las eléctricas
El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado en su sesión de hoy una proposición no de ley de Podemos para instar al Consell a que reclame al Gobierno de España que modifique el sistema de bono social, para que se aplique a todos los hogares en situación de pobreza energética, con independencia de la potencia contratada, la situación laboral o el número de personas integrantes de la unidad familiar y teniendo en cuenta el factor de la renta como criterio principal.
La propuesta ha contado con los votos a favor de todos los grupos a excepción del grupo popular, que se ha abstenido. Además, se ha incorporado una enmienda presentada por el grupo parlamentario Compromís.
Podemos reclama en su iniciativa que los costes derivados en la Comunitat Valenciana de la aplicación de la ayuda en el pago de la factura del consumo de servicios para paliar y reducir la pobreza energética –electricidad, agua y gas—corran a cargo, hasta alcanzar las cantidades calculadas por la Comisión Nacional de la Energía, de la liquidación de la sobrecomprensación por Costes de Transición a la Competencia (CTCs) percibidas por parte de las empresas eléctricas beneficiarias de la misma.
Asimismo, la proposición no de ley plantea que las aportaciones se realicen anualmente por el importe consignado a tal fin en el presupuesto de la Generalitat, de modo que la contribución de cada empresa sea proporcional al exceso de compensación percibido.
El síndic del grupo parlamentario Podemos-Podem, Antonio Montiel, ha lamentado que “la sobrecompensación mediante los CTCs ha supuesto un enriquecimiento injusto por parte de las compañías eléctricas y ha generado un contexto de competencia distorsionada y un notable incremento de los precios eléctricos pagados por empresas y particulares”.
Montiel ha señalado que falla el sistema de definición del bono social, que es ineficiente, y ha advertido que debe radicar en el concepto de hogar vulnerable.
La Comisión Nacional de la Energía constató que las empresas se habían beneficiado de una considerable sobrecompensación que alcanzaba 3.396 millones de euros, importe que Podemos reivindica ahora para que sea recuperada en forma de bonificaciones en el recibo de la luz, para los hogares más vulnerables y en forma de ayudas para medidas de eficiencia energética destinadas a generar ahorro en el consumo energético y dinamizar sectores de producción vinculados a la protección del medio ambiente.
Montiel ha recordado que en cumplimiento de la directiva 96/92/CE, el sistema eléctrico español dejó de ser un sector completamente regulado para convertirse en un mercado liberalizado, “al menos, aparentemente”.
Esta transición supuso que el precio de la electricidad ya no se determinara por ley, sino por un mecanismo de oferta y demanda mediante un sistema de casación marginalista, pero numerosas instalaciones que funcionaban anteriormente a este cambio veían amenazada la garantía de recuperación de sus precios de inversión, a diferencia de lo que sucedía con el sistema anterior.
Ante esta situación, el Gobierno decidió establecer un mecanismo jurídico en la denominado Costes de Transición a la Competencia, (CTCs), mediante el cual garantizar la recuperación de las inversiones realizadas en el periodo anterior. El RD 2017/1997 estableció el reparto de las compensaciones entre las empresas beneficiarias, resultando así: Endesa (51,2%), Iberdrola (27,1%), Unión Fenosa (12,9%), Hidrocantábrico (5,7%) y Elcogas (3,10%).
Finalmente, se procedió a la eliminación de los CTCs, al considerar que distorsionaban los precios del mercado, que estaban basados en hipótesis que habían quedado obsoletas y que ya no respondían a las necesidades de un contexto en el que las instalaciones afectadas presentaban un alto grado de amortización.
SIN MECANISMOS DE CORRECCION
Sin embargo, no se procedió a la liquidación de las cantidades cobradas en exceso, medida recogida por la legislación vigente, ni se generaron mecanismos de corrección que afrontaran que las instalaciones afectadas entraban en el mercado sin condicionantes especiales y eso les generaba importantes ventajas comparativas.