La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) sanciona a la Junta de Hacendados, la UCAM y las empresas constructoras del nuevo campus, por los vertidos de tierra y el uso ilegal de agua de regadío

Murcia, 10-10-2014

Tras las denuncias de HUERMUR, la CHS ha impuesto tres multas por el vertido de tierra en la rambla de la Ventosa, la extracción de agua de la acequia de Churra la Vieja y el permiso irregular dado por la Junta de Hacendados.

Trascurrido un año desde las denuncias presentadas por la Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia, HUERMUR, la Confederación Hidrográfica del Segura ha dictado las resoluciones definitivas en tres expedientes sancionadores, por las distintas infracciones de la Ley de Aguas que han quedado demostradas.

La Comisaría de Aguas de la CHS ha impuesto una sanción a la Fundación Universitaria San Antonio, entidad que gestiona la UCAM, y a Construcciones y Formas Apesán SL, por “haber realizado el acopio de tierra vegetal en zona de policía de la margen derecha de la rambla” así como también por “haber rellenado con tierras el cauce con lo que se interrumpe el caudal circulante”.

Hay que resaltar que tras haber sido notificado este expediente a la UCAM en su día, la universidad no realizó ninguna alegación al mismo, como consta en la resolución. Precisamente esta tierra vertida procede del desmonte de la zona del Corralazo, edificación protegida que fue derribada y por la que la Concejalía de Urbanismo también tramita la correspondiente sanción.

Esta primera sanción, expediente D-653/2013, suma la cantidad de 3.000 euros, además de imponer la obligación de observar ciertos condicionantes en los vertidos de estas tierras, por lo que la resolución deja abierta la posibilidad de nuevas sanciones en este sentido.

Un segundo expediente se centra en la actuación de la Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia, tras haber autorizado en un escrito de 27 de agosto de 2013, que consta en la documentación, a la mercantil MPF 2013, SLU a que “pueda coger agua en las acequias de nuestra zona regable” ya “habiendo abonado lo convenido”.

La Comisaría de Aguas le recuerda a la Junta de Hacendados que la Ley de Aguas indica claramente que sobre el agua de estos regantes que “quedará adscrita a los usos indicados en el título concesional, sin que pueda ser aplicada a otros distintos, ni a terrenos diferentes si se tratase de riegos”.

Con ello, queda desmontada la argumentación de la directiva de los regantes presidida por el condenado Sigifredo Hernández, en cuanto que el agua se usaba para regar caminos y que no levantaran polvo.

Hay que destacar lo indicado en la resolución sobre que “este tipo de infracciones daña muy considerablemente los recursos hídricos de la cuenca del Segura, y perjudica con su realización los derechos de terceros adquiridos” además de que “por lo que al evidente beneficio económico del denunciado, se debe tener presente el grave perjuicio al interés general”. La resolución también reprocha la actitud de la entidad en tanto en cuanto “la alarma social que crean las repetidas situaciones de sequía (…) y las detracciones de agua sin autorización o contraviniendo lo concedido suponen un gran quebranto y menoscabo de los recursos hídricos de la cuenca”.

La sanción a la Junta de Hacendados ha quedado fijada en 2.000 euros, aunque la resolución también resalta que “Se ordena el cumplimiento en sus exactos términos de las concesiones (…) dado que en caso contrario podría dar lugar a la incoación de nuevos expedientes sancionadores”. Igualmente la Comisaría de Aguas establece que “procederá de forma inmediata a su exigibilidad mediante la imposición de nuevas multas coercitivas” si se siguen produciendo estas actuaciones ilegales.

Por último, y de forma expresa, la Confederación advierte a la Junta de Hacendados que “se podrá dar traslado de todo lo actuado en las presentes actuaciones al Ministerio Fiscal, por un posible delito o falta de desobediencia tipificados en el Código Penal”, si no se cumple lo ordenado en cuanto a que no se sigan realizando actuaciones de este tipo por parte del equipo de Sigifredo Hernández.

La tercera de las resoluciones sancionadoras se centra en la actuación de las empresas MPF 2013 SLU y Andrés Vivancos e Hijos SL, por “realizarse un uso privativo de aguas consistente en extraer agua de una de las bocas de riego de la acequia de Churra la Vieja, para el posterior riego de los caminos de una obra cercana”. Obra que es la de la ampliación del campus de la UCAM, según se puede apreciar en el vídeo que publicó HUERMUR, cuyas tierras eran posteriormente vertidas en la rambla de la Ventosa, y todo ello regado con el agua de los regantes de la Junta de Hacendados, como consta en las sanciones anteriores.

La Confederación indica que los argumentos de defensa la Junta de Hacendados no son válidos, ya que “esa Comunidad carecía de sistema de control debidamente autorizado, y por lo tanto nada le impedía derivar el agua sin control para impedir el uso privativo aquí denunciado o cualquier otro”.

Según la Comisaría de Aguas, señalar como agravante que se han causado sin duda daños al dominio público hidráulico, además careciendo elementos para el cálculo de las extracciones por parte de la Junta de Hacendados, impone a las dos mercantiles una sanción de 2.500 €.

Desde HUERMUR, Pedro Fernández, portavoz de la asociación, formada por regantes, algunos de los cuales advirtieron los hechos denunciados en los tres expedientes, ha indicado que “tras un año de espera, Confederación Hidrográfica da una vez más la razón a HUERMUR, demostrando las irregularidades en el funcionamiento de la Junta de Hacendados, cuyos directivos, encabezados por el condenado presidente, no deben seguir un minuto más en sus cargos”.

Igualmente, Fernández ha expresado que “aquellos que nos dejan sin agua para darse a algunas empresas a cambio de cantidades convenidas no pueden seguir gestionando nuestra agua, no podemos fiarnos de quién en esta tierra que tanto reclama un reparto justo del agua, acaba saltándose la ley en vez de hacer que llegue al huerto de cada regante”.

Por último, el portavoz de HUERMUR ha recordado que “ninguna entidad ni institución puede estar por encima de la ley, sea la Junta de Hacendados, la UCAM, o cualquier empresa, por historia, su actividad o el volumen de negocio que tenga” además de que “debemos seguir estando vigilantes con el agua, un bien de todos que hay que gestionar y usar de la mejor manera posible, denunciando las actuaciones torticeras, oscuras e ilegales”.