– La consellera ha defendido en Les Corts el proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia

– El proyecto de ley busca ‘el acuerdo para cerrar heridas, reparar el daño causado y hacer justicia a los que sufrieron y sus familias’

TEXTO L.C.I./E.DE GEA

MIÉRCOLES 05/07/2017

 La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo ha defendido en Les Corts el proyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana y ha instado a los grupos políticos a que la tramitación parlamentaria sea una oportunidad para “construir juntos un relato común y compartido desde el acuerdo que nos permita, como sociedad, dar una respuesta cierta y segura a todas las víctimas de nuestra historia más trágica”.

Para la titular de Justicia del Gobierno valenciano, la ley que ha elaborado su departamento es “necesaria” porque después de cuarenta años de consolidación democrática “todavía nos quedan tareas pendientes para delimitar nuestra propia identidad”. Como ejemplo, la consellera ha asegurado que todavía está pendiente “la identificación de, aproximadamente, 11.000 víctimas en la Comunitat Valenciana en más de 300 fosas comunes”, así como la “retirada de vestigios, honores y menciones conmemorativas o de exaltación de la dictadura” tal y como obliga la ley estatal de Memoria Histórica.

Gabriela Bravo ha agradecido la labor realizada por el personal de la Dirección General de Reformas Democráticas, que ha llevado a cabo la preparación de la nueva norma. En este sentido, la consellera ha indicado que la regulación que inicia su trámite parlamentario es “la oportunidad de cumplir con los preceptos básicos que el Derecho Internacional establece como garantía de los Derechos Humanos: verdad, justicia, memoria y reparación. Y todo eso para conseguir una reconciliación justa y duradera, desterrando el temor a reabrir heridas”.

Para la consellera, dado que “vivimos tiempos de diálogo”, el trámite parlamentario puede “enriquecer la ley y conseguir que los que hoy son reticentes, se sumen al consenso” porque “no queremos que nadie “se quede al margen. La recuperación de nuestra memoria democrática sólo puede realizarse implicando a todos los sectores sociales, a todas las sensibilidades políticas y a todos los poderes públicos”.

La consellera Gabriela Bravo ha explicado los cuatro ejes sobre los que se cimenta la ley. El primero de ellos, el Derecho a la Verdad, incorpora la obligación de la Generalitat de investigar para promover el esclarecimiento de los hechos que pudieran suponer una vulneración de los Derechos Humanos mediante la identificación de las víctimas a través de un censo y la localización y exhumación de los desaparecidos.

Respecto al Derecho a la Justicia, la norma regula la obligación de las instituciones de velar para que no queden espacios de impunidad y hacer efectivos los Derechos Humanos.

Sobre el Derecho a la Memoria se entiende como una garantía de que aquellos capítulos negros de la Historia de España no se repitan jamás. Por este motivo se prevé su inclusión en el currículum de la Educación Secundaria Obligatoria, en el Bachillerato y en la Educación Permanente de Personas Adultas, así como en los planos de formación del profesorado y en los estudios universitarios.

La consellera de Justicia ha recordado que la ley incluye “la prohibición y obligación de retirada de los símbolos y vestigios contrarios a la memoria democrática” que tendrá que llevarse a cabo “en el término máximo de un año a partir de la entrada en vigor de la ley”.

De esta forma, Gabriela Bravo ha destacado que la ley contempla también la creación del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas que será un organismo autónomo de la Generalitat “encargado de realizar las labores de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley”.

Por último, Gabriela Bravo ha pedido el apoyo de los grupos parlamentarios para una ley “que mira a las víctimas y busca el acuerdo para cerrar heridas, reparar el daño causado y hacer justicia a los que sufrieron y sus familias”.

Para la consellera, “la norma que ha llevado el Consell del Botànic a Les Corts es una oportunidad de futuro que no hemos de dejar pasar de largo en el espacio de diálogo y encuentro que debe ser esta Cámara” para conseguir “un acuerdo que esté a la altura de lo que merecen los valencianos y las valencianas”.