Gran cantidad de estos productos intervenidos, tras haber pasado con éxito la verificación sanitaria correspondiente, ha sido entregada a centros benéficos.

TEXTO L.C.I.

MARTES 04-02-2020

La Guardia Civil ha intervenido unos 800 kgs de pescado, en 4 establecimientos de Torrevieja, tras la realización de diversas inspecciones administrativas, enmarcadas en un Plan Anual de control de productos alimenticios, procedentes de la pesca.

Dentro del marco de actuaciones del PACIAP (Plan Anual de Control del Comercio de Productos Pesqueros), los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, en colaboración con agentes de Inspección de Pesca Marítima de la Generalitat Valenciana han procedido, durante el pasado mes de enero de 2020, a realizar diversas inspecciones en dicha materia, para verificar el correcto cumplimiento sobre la comercialización de productos alimentarios, procedentes de la pesca.
Primera fase de las inspecciones: del 2 al 15 de enero
En esta ocasión, las inspecciones se han centrado en los establecimientos hosteleros de la localidad de Torrevieja.
Como resultado, los agentes han podido constatar diversas infracciones, en relación a productos procedentes de la pesca, destinados al consumo humano como, por ejemplo, la existencia de pescado procedente de la pesca submarina, siendo esta modalidad solamente recreativa, por lo que no se puede comercializar el pescado obtenido de esta forma.
Otras de las infracciones detectadas son que, algunos de los productos, no presentan las tallas y/o pesos reglamentarios y que, muchos otros, carecen de trazabilidad, es decir, que no se conoce su origen, pudiendo proceder de capturas ilegales o no declaradas, por lo que no se puede determinar su control sanitario.
Estas infracciones han sido detectadas en dos restaurantes en concreto, a los que se les ha incautado un total de 500 kilos de pescado, entre los que destacan especies de gran valor comercial, como pulpo, pez espada, mero, dorada, lubina, dentón, entre otros, mercancía cuyo valor en el mercado ronda los 10.000 euros.
Gran cantidad de estos productos intervenidos, tras haber pasado con éxito la verificación sanitaria correspondiente, ha sido entregada a centros benéficos.
Las actas de inspección han sido entregadas a la Consellería de Salud Pública y Sanidad Universal y a la Consellería de Agricultura (Sección Pesca Marítima), de la Generalitat Valenciana.

Segunda fase de las inspecciones: 30 de enero

En esta segunda fase, destaca la localización de dos partidas de la especie pulpo (Octopus vulgaris). Ambas estaban congeladas y carecían de los datos de trazabilidad correspondientes (número de lote), así como de las fechas de congelación y de consumo.

La primera de las partidas estaba en un almacén, envasada de forma unitaria, estando cada uno de los pulpos en bolsas de plástico, no estando autorizado dicho establecimiento para esta actividad en concreto.

También se ha podido comprobar que, dicha partida de pulpo congelado se estaba comercializando, a su vez, a otros restaurantes de la zona, con un etiquetado de producto fresco.

La segunda de las partidas ha sido encontrada, también congelada, en esta ocasión en una pescadería, aunque se desconoce el uso final de dichos ejemplares.

Tras realizar una serie de comprobaciones, sobre los datos de la posible procedencia del pulpo, los agentes han determinado que éstos proceden de un barco de arte menor, arte no autorizado para la captura de este ejemplar y que, por lo tanto, ha sido comercializado de forma irregular.

Por estas irregularidades, se instruye acta de inspección, al almacén y a la pescadería, ambos en la localidad de Torrevieja, con la intervención cautelar de un total de 300 kgs de pulpo, quedando depositados en dichas dos instalaciones, a disposición de la Consellería de Agricultura (Sección Pesca Marítima) y de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de Alicante.

Esta campaña de Plan de Control es muy significativa y tiene una especial relevancia, ya que trata de disuadir a los comercializadores de poner en el mercado productos sin la trazabilidad correspondiente o sin el etiquetado preceptivo, que informe al consumidor final del producto que, realmente, está comprando, evitando así posibles fraudes alimentarios.