Mulet aboga por desacralizar el recinto y eliminar todos los símbolos que impiden que sea un supuesto lugar de reconciliación

TEXTO L.C.I.

MADRID 03-07-2018 

El portavoz de Compromís en Senado, Carles Mulet, ha reclamado hoy que cualquier intervención del Gobierno de Pedro Sánchez en el Valle de los Caídos se haga desde el profundo respeto hacia los demócratas y antifascistas que lucharon y acabaron castigados y enterrados junto al verdugo y golpista contra cuyas ideas lucharon.

El senador, que ha presentado varias preguntas y solicitado información sobre los costes de mantenimiento de este mausoleo fascista, ha puntualizado que “sacando a Franco no cambia todo, ya que siguen habiendo allí decenas de miles de sus víctimas enterradas, sin que ninguna de ellas lo deseara” y ha recordado que “sigue convertido en un espacio temático repleto de elementos de una dictadura (águilas de San Juan, Ángeles con espadas, el fresco de la cripta sobre las tumbas de Franco y José Antonio y, especialmente una cruz que no es una verdadera cruz cristiana, no representa los valores de paz, concordia y entrega, es una cruz de castigo”, ha agregado.

Compromís ya presentó una Proposición de Ley por el Reconocimiento de las Víctimas del Franquismo y la Memoria Democrática, con medidas planteadas junto a la Federación de Foros por la Memoria que buscaba homenajear a las víctimas, reparar las consecuencias de la dictadura y sus medidas, exhumar fosas y dignificar los espacios.

“Lamentablemente el PSOE no votó a favor de estas propuestas y ahora no tenemos más que pedirles respeto y que recuerden que por mucho que se empeñen ese espacio no representará a los demócratas y antifascistas que allí penaron y murieron. No es un espacio de reconciliación, era un espacio de castigo donde el verdugo se enterró con los huesos de sus enemigos. ¿Pretenden que sacando a Franco vayamos allí los demócratas a celebrar algún acto de reconciliación? Es absurdo, no hay reconversión posible”, ha agregado.

Compromís apuesta por avanzar en las medidas tendentes a borrar las rémoras de la dictadura y el nacionalcatolicismo que puedan impedir que se convierta en un supuesto lugar de reconciliación. “Lo primero desacralizar el lugar, sacar a la orden religiosa, desmontar la cruz que preside este espacio y que es una cruz fascista, el catolicismo no es lo mismo que el nacionalcatolicismo y que los expertos estudien qué hacer con los restos que no se pueden sacar del valle. El problema del Valle de los Caídos no solo es Franco, es el propio Valle”, ha aseverado.

Mulet ha remarcado que se ha de exigir al Estado la salida de los restos del dictador o del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, y entregárselo a sus familiares, pero también garantizar la exhumación de todas la víctimas. “El Estado no puede escatimar en sacar del mausoleo de los horrores a las víctimas del franquismo (fueran del bando que fueran, ya que todos fueron víctimas del Golpe de Estado que propició la guerra o por la posterior dictadura genocida, la excusa del mal estado de algunas de las galerías no ha de impedir la salida de los cuerpos y entrega a sus familiares o darle sepulturas en lugares dignos; se trata de un asunto de Estado donde debe haber una implicación máxima. Y posteriormente, la manera más digna de resignificar el lugar es haciéndola desaparecer de la faz de la tierra y devolver la montaña a la naturaleza; un museo de los horrores no puede resignificarse nunca, un mausoleo de este tipo no puede maquillarse o dulcificarse por su valor artístico y no podemos continuar con la sangría de dinero público que supone mantener un monumento horrible en riesgo continuo de ruina. Hasta 1’8 millones de euros al año en gasto ordinario al que hay que sumar actuaciones millonarias de urgencia. Por ello, que se dinamite, que se roture, que se machaque; que se recicle el granito para aceras, cualquier solución de este tipo nos parece buena”.

LA PROPUESTA DE COMPROMÍS
El Anteproyecto planteado por Compromís en diciembre de 2017 que no obtuvo el apoyo mayoritario de la cámara, propone anular los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias instruidas por el régimen franquista por arbitrarios e ilegales, adoptando el resarcimiento a las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados. En su título II propone medidas para rehabilitar a las víctimas y sus familias y contar con el reconocimiento de víctimas del franquismo. También regula la desaparición forzosa, crea un Censo de Memoria Democrática con información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil y el franquismo con las circunstancias de cada caso; un mapa de fosas, la investigación para localizar los enterramientos, establecer metodologías de investigaciones, compilar testimonios orales de forma urgente de víctimas y testigos directos así como un protocolo de exhumaciones y su planificación, con fondos necesarios para ello en los Presupuestos Generales del Estado.

En su título III se propone la reparación a las víctimas que lo fueron por participar en la vida democrática y defenderla, mediante jornadas y homenajes, el aliento a reflexionar sobre cualquier forma de exclusión violenta de personas o colectivos. Por otro lado propone convertir el 18 de julio en el día de recuerdo de las víctimas y homenaje a la democracia “con el objeto de mantener el recuerdo de las víctimas desde un planteamiento de salvaguarda de los valores democráticos de respeto, integración, convivencia y cultura de paz”.

Entre los bienes de la Memoria Democrática del Estado Español se incluyen los Lugares de Memoria Democrática, con significado histórico para explicar el pasado, fosas, obras realizadas con trabajadores forzados y de resistencia y se integrarán como Bienes de Interés Cultural en el Patrimonio Español. También propone la realización de rutas de lugares cercanos entre sí y la creación de un inventario. Asimismo, se incluirán los documentos a un Fondo Documental de Memoria Democrática en el que colaborarán entidades académicas e instituciones titulares de archivos para su estudio y difusión, así como la creación en el portal del Gobierno español de un apartado relativo a la Memoria Democrática.

Finalmente propone acciones para retirar aquellos elementos contrarios a la Memoria Democrática, como placas, escudos sobre edificios públicos, alusiones a la legitimación de la sublevación militar y la Dictadura franquista o títulos honoríficos. Además propone ilegalizar aquellas entidades que incumplan la ley y dejar sin subvenciones y ayudas públicas de la Administración a aquellas entidades que no eliminen de sus edificios y espacios públicos los símbolos contrarios a la Memoria Democrática y un régimen sancionador. Las actuaciones previstas en la Ley estarían coordinadas por una Comisión Técnica de Memoria Democrática.

Compromís ha emprendido desde el Senado una campaña para eliminar del nomenclátor de los pueblos de España las calles dedicadas a militares franquistas, al Generalísimo, los golpistas y sus héroes, que ha conseguido cambiar el nombre de más de 600 plazas, avenidas y calles. La campaña puede verse en la web de Compromís en el Senado.