Koria Badbad Hafed, de 24 años, fue secuestrada en el Sahara por su padre biológico y otros familiares el 4 de enero de 2011 y, desde entonces, permanece aislada e incomunicada en el desierto
Vivía desde niña con una familia de acogida en San Miguel de Salinas (Alicante) por una grave enfermedad coronaria y organizaba un viaje de fin de curso solidario a los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia)
Pese a que estaba bajo la Tutela Legal de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, aún no ha sido reclamada oficialmente como española, como prometió Ximo Puig
“Se cumplen siete años de su secuestro y seguimos igual, los gobiernos siguen anteponiendo los intereses políticos a los Derechos Humanos”, asegura Bienvenida Campillo, madre de acogida de Koria Badbad Hafed, que se encontraba en el interior de la jaima de la familia saharaui cuando se produjo el secuestro de Koria, unas horas antes de regresar a España. “Llevamos 7 años reivindicando su derecho a decidir su propia vida y su derecho a recibir un tratamiento médico que necesita, porque está muy enferma. Tras más de 10 años desviviéndonos para salvarle la vida y conviviendo con ella -continúa Campillo-, el Frente Polisario pretendía que comprendiésemos que es su cultura y que sólo los padres tienen derecho a decidir sobre sus hijas, cuando lo que han hecho ha sido conculcar los derechos de Koria y cometer un delito contra su libertad”.
Para Bienvenida Campillo, ahora que España empieza su andadura como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “debe abordar de una manera definitiva la solución a estos casos de secuestro y retenciones ilegales de mujeres mayores de edad, que son obligadas por sus familias a quedarse contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf, porque además de las dos españolas de pleno derecho, Maloma Morales de Matos (24 años, Mairena del Aljarafe, Sevilla) y Hyeiba El Couri Mumu (22 años, Laguna de Duero, Valladolid) y de Koria, que estaba bajo la Tutela Legal de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, hay otro medio centenar más de mujeres residentes en España en esta situación de indefensión absoluta”. De hecho, son varias las familias de acogida que han presentado denuncias formales ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y de la Relatora Especial de Violencia Contra la Mujer, en la que, además de la violación de DDHH en sí, se denuncia al Frente Polisario y al Gobierno argelino por complicidad y connivencia con las retenciones contra la voluntad de mujeres adultas, como Koria, a quien se le ha negado, entre otros, su derecho a recibir medicación y atención médica, poniendo así en riesgo su vida.
“El Gobierno de España tiene que plantarse ya, -declara Bienvenida Campillo- no puede seguir permitiendo que haya mujeres españolas o residentes aquí retenidas contra su voluntad en los campamentos, mientras aquí los responsables del Frente Polisario, lejos de imponer su autoridad y hacer cumplir sus propias leyes para liberarlas, viven a cuerpo de rey y promueven acogimientos de niñas que luego, cuando son adultas, son consideradas indignas por haber vivido años en España y las retienen para reeducarlas a conveniencia, para que cumplan su función”.
En el caso de Koria, tras 20 días de visita a la familia biológica, acompañada por su madre y hermano de acogida, a pocas horas de salir al aeropuerto para regresar a España, su padre y varias tías paternas la introdujeron por la fuerza en el coche y desapareció sin dejar rastro. Al día siguiente, ya en España, escucharon un mensaje de voz de Koria diciendo «ayúdame, mi padre me ha secuestrado, ayúdame a salir de aquí, no sé cuánto aguantaré… Y no paréis hasta conseguirlo, no dejéis de luchar por mí».
Han pasado 7 años desde su secuestro y la familia de acogida no se ha podido volver a comunicar con ella, pese a haber viajado a los campamentos para insistir al Frente Polisario para que le entregasen su medicación y la llevaran a verla. Todos los intentos de lograr algún tipo de mediación o actuación gubernamental han sido infructuosos, incluyendo las reiteradas peticiones a distintos organismos públicos y cargos políticos, como el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que prometió a la familia reclamar a Koria como una ciudadana española más, atendiendo a que viajó con documentación española por estar tutelada por la administración valenciana.
