La presumible nulidad de la última prórroga que ampliaba el contrato hasta el 2038, abriría un nuevo escenario para debatir sobre el modelo de gestión de agua en Orihuela, que finalizaría su compromiso con la empresa en 2018
TEXTO L.C.I.
ORIHUELA 01-12-2016
Desde hace meses Cambiemos Orihuela viene investigando sobre el modelo de gestión del agua en nuestro municipio. “Pese a las dificultades sistemáticas en el acceso a la información que durante este proceso ha puesto el equipo de gobierno, contraviniendo las garantías democráticas de la oposición, seguimos trabajando para dilucidar en qué situación se encuentra esta cuestión”, así abría la rueda de prensa David vegara, miembro de la asamblea de Cambiemos Orihuela.
En el año 1988 el Ayuntamiento de Orihuela, liderado por el exalcalde Luis Fernando Cartagena, firmó un contrato con la empresa Aquagest, actual Hidraqua, para la privatización de la gestión del agua por un periodo de 20 años. Dicho contrato se adjudicó sin concurso público ni canon inicial.
Posteriormente el proceso de privatización se fue ampliando al saneamiento y la depuración de aguas en 1993, y en 1995 a la gestión de aguas residuales. En el año 2001, el alcalde al mando del consistorio, José Manuel Medina, firmó una prórroga del contrato con la empresa antes de que venciera el anterior y por un periodo de 10 años, aprobado en Comisión de Gobierno (actual Junta de Gobierno) y sin pasar por Pleno. En el año 2004 el exalcalde vuelve a firmar una nueva prórroga con la empresa por el mismo procedimiento, que amplió el contrato por 20 años hasta 2038.
“Según el contrato inicial al que hace referencia esta última prórroga”, afirma Vegara, “las prórrogas estipuladas no pueden ser superiores a diez años. Este hecho contraviene la clausula de ampliación de contrato y podría suponer la nulidad de dicha prórroga”.
Tanto el proceso de adjudicación, y posteriores ampliaciones y prórrogas del contrato, como la relación que existe entre el Ayuntamiento y la actual Hidraqua, estarían revestidas de opacidad y pocas garantías democráticas, existiendo serias dificultades para el acceso ciudadano a la información, ha denunciado la formación.
“Es especialmente grave que el montante de dinero público de todos los vecinos y vecinas de Orihuela, que maneja esta empresa para gestionar un bien esencial para el ser humano, como es el agua, no tenga procedimientos de control y transparencia claros”, afirma Marta Guillén, concejala de Cambiemos. “Estamos secuestrados por un proceso dudoso por el cual las anteriores corporaciones del PP regalaron este servicio a una empresa”, añadió.
Desde la plataforma ciudadana destacan la importancia de concienciar a los vecinos y vecinas de Orihuela que las condiciones que derivan del modelo de gestión del agua en nuestra ciudad, privatizado de forma dudosa y sin garantías de fiscalización, tendrían una repercusión directa su coste, afectando directamente a sus bolsillos.
Según Guillén, “desde Cambiemos Orihuela queremos poner la mira sobre el propio modelo de gestión del agua, en un contexto donde cada vez más ciudades apuestan por una gestión pública, y más transparente, que garantice el acceso eficaz y razonable de todas al agua. No se trata de un cuestionamiento de los propios trabajadores, quienes desarrollan una gran labor, si no de la actitud política que el propio consistorio mantiene sobre este tema”.
Para la formación convergente esto sería un regalo entregado a la empresa en el año 88 y que podría llegar a su fin en 2018, si se define la nulidad de la última prórroga de acuerdo al contrato inicial. Con ello se abriría un nuevo escenario donde, según Cambiemos, se debería hacer partícipe tanto a la ciudadanía como al resto de partidos políticos sobre un nuevo modelo de gestión del agua.
