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LUNES 18-04-2016

Riego en la huerta
Riego en la huerta

David Cerdán Pastor y José Muñoz Lladró, diputado y portavoz adjunto  del Grupo Parlamentario Socialista, han presentado una proposición  no de ley de tramitación ordinaria sobre defensa de los regantes tradicionales  de la Vega Baja del Segura. En ella solicitan que Les Corts insten al Consell a  solicitar al Gobierno de España la anulación del decreto de sequía que establece como medida paliativa a favor de los regantes del trasvase  Tajo-Segura derechos de agua del sinclinal de Calasparra. También, la anulación del decreto de sequía que establece como medida  compensativa a los regantes tradicionales del río Segura la apertura de pozos de sequía, que suministra agua de peor calidad a quienes tienen derechos de uso de agua del río frente a los regantes del trasvase.

La exposición de motivos de la proposición explica que el cambio climático se convierte en una amenaza global que tiene sus  efectos negativos en el ámbito local. Así se produce en la cuenca del río Segura, donde las precipitaciones se han reducido de manera muy drástica desde hace años y donde los estudios determinan reducciones de las precipitaciones en el territorio del 5 % en el futuro. Una circunstancia, se añade, que afectará a las reservas hídricas de la cuenca del Segura, que históricamente  ha sufrido un déficit importante, pero también en el curso alto del Tajo, que ha garantizado recursos vitales a Murcia y Alicante a través del trasvase hacia el río Segura.

Los parlamentarios explican que no obstante, las últimas decisiones políticas tomadas en la última legislatura sobre la regulación y las normas de uso del trasvase Tajo-Segura, más allá de la realidad de escasez de recursos hídricos, ha reincidido en la falta de un recurso básico como el agua y ha generado una situación de bloqueo de agua desde los embalses de cabecera hacia las tierras de Murcia y Alicante. Se trata del denominado Memorándum, aprobado por los gobiernos regionales de Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha, bajo el amparo del Gobierno de España en la última legislatura.

Opinan que ese memorándum establece incrementos de las reservas en cabecera que, de facto, imposibilita desembalses de agua hacia Murcia y Alicante, como ocurre en la actualidad. “La fijación del límite en 400 hectómetros cúbicos, frente a los 240 iniciales, supondrá a medio plazo el fin del trasvase”auguran para añadir que esa falta de recursos hace que los regantes que se nutren de aguas del trasvase requieran aportaciones de otros recursos.

Azarbe en el Bajo Segura
Azarbe en el Bajo Segura

Ante este problema indican que hay que atenderlo y plantear soluciones colectivas desde el principio de la solidaridad; solidaridad que no puede ejercerse en contra de terceros, puesto que generaría dos problemas en vez de una solución. “Esto es lo que han logrado los decretos de sequía del Gobierno de España. La respuesta del Gobierno de España a esta situación ha consistido en redistribuir derechos a favor de los regantes del trasvase que, en realidad, les corresponde a los regantes tradicionales que se abastecen de los caudales del río Segura”, denuncian.

La decisión de ofrecer caudales del sinclinal de Calasparra a los regantes del trasvase supondrá, según el documento, una merma en los caudales de los regantes tradicionales. La compensación establecida a éstos supone una pérdida de agua, pero también de calidad ya que “la apertura de los pozos de sequía para los regantes tradicionales genera una pérdida de competitividad en la medida que se logra agua con peores niveles de conductividad y salinidad”.

Los regantes tradicionales, como así han manifestado sus comunidades reiteradamente, son un ejemplo excepcional en España de aprovechamiento y reutilización de agua, sosteniendo un territorio único en Europa -la huerta de la Vega Baja-, un valor en sí mismo, pero también por la generación de riqueza y empleo, exponen. Además, la utilización de aguas del sinclinal de Calasparra generará un déficit histórico en los niveles subterráneos que tardará en recuperar unos nueve años; años en los que los regantes tradicionales pagarán los efectos de sequías pasadas, aun cuando los niveles del trasvase  se recuperaran, dejando como herencia un problema a lo largo de una década para solucionar un problema a terceros.