El nuevo plan del Segura prevé una amnistía general para el regadío ilegal al cual le asignará recursos hídricos a pesar de que es la cuenca más deficitaria de todo el Estado
TEXTO Y FOTOS EDUARDO DE GEA
El ya aprobado Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (PHCS) prevé legalizar todos los terrenos transformados en regadío de forma fraudulenta y sin concesión de agua situados en las provincias de Alicante, Murcia y Albacete. Se calcula que esta medida podría afectar a miles de hectáreas de la cuenca del Segura considerada por el Gobierno Central como la más deficitaria de todo el estado español.
El plan redactado por la Confederación Hidrográfica del Segura, aprobado el pasado mes de diciembre de 2013, recoge textualmente: “se constituyen como usos consolidados y en consecuencia no tendrán la consideración de nuevos regadíos, aquellos que puedan acreditar su existencia con anterioridad a la aprobación del anterior plan de cuenca aprobado el 24 de julio de 1998 y es objetivo del vigente plan su legalización con base a nuevos recursos externos o en su defecto, a los que en dicha fecha venían utilizando (…)”.
Reseñar que las concesión de nuevas dotaciones de recursos hídricos quedaron prohibidas en la cuenca del Segura por el decreto ley 3/86 como consecuencia del déficit hídrico y por la imposibilidad de recibir caudales de otros ríos.
La responsable del Agua de Ecologistas en Acción, Julia Martínez, asegura que se trata “de una nueva amnistía, una medida de gracia” para el regadío ilegal en la cuenca del Segura, siempre ligada y que beneficia a los grandes empresarios agrícolas.
Para la responsable del colectivo conservacionista se trata de una vuelta de tuerca, de una situación que repetidamente se da en la cuenca del Segura y que consiste en que “cada cierto tiempo, después de permitir la roturación de nuevos terrenos para su transformación en regadíos se le asignan caudales”.
En su opinión, “el nuevo PHCS provocará oficialmente un aumento del déficit hídrico, una huida hacia delante donde siempre se ven perjudicados los pequeños agricultores”.
“Se confirma que en esta cuenca se está permitiendo saltarse la ley a la torera asumiendo los regadios ilegales; esto nunca tienen fin” asegura
La también profesora universitaria asegura que al no contar con nuevos recursos externos habría que preguntarse de donde proviene el agua que utilizan actualmente los regadíos que quieren legalizarse al no tener concesión hídrica . En este sentido asegura que “esos caudales se roban del río segura, se extraen de acuíferos sobreexplotados o bien utilizan aguas depuradas sin concesión”.
Denuncia Julia Martínez que la CHS carece de un estudio serio sobre la superficie puesta en regadío de manera ilegal o bien lo tienen y lo ocultan porque “no hay manera de obtener datos del perímetro de regadío ilegal. Solo tenemos aproximaciones pero son miles de hectáreas”.