La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica llevará al Tribunal Supremo su denuncia contra el portavoz adjunto del PP por sus declaraciones sobre las victimas del Franquismo
21-01-2014
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) llevará al Tribunal Supremo su denuncia contra el portavoz adjunto del PP, Rafael Hernando, por unas declaraciones que hizo sobre las víctimas del franquismo en televisión, que él niega haber realizado y en las que decía que los familiares de víctimas del franquismo sólo se preocupaban de desenterrar a sus muertos “cuando hay subvenciones”.
La ARMH recuerda en un comunicado que ya presentó la denuncia contra en un juzgado de primera instancia de Madrid, pero asegura que fue archivada por el juez alegando que se trataba de una persona aforada y correspondía al Supremo la posibilidad de juzgar ese caso.
La asociación basa su denuncia por injurias en la frase “algunas víctimas del franquismo sólo se acordaban de sus padres cuando había subvenciones”, que el diputado supuestamente dijo en una tertulia televisiva el pasado 4 de noviembre.
Dicha tertulia se retransmitió por el canal 13tv y la asociación anuncia que también denunciará a esta cadena por “haber emitido y dado soporte de difusión de las citadas declaraciones”.
Hernando dijo que denunciaría a los difusores de sus “malinterpretadas” palabras
No obstante, Hernando aseguró que “ese entrecomillado” es “falso” y anunció que no descartaba emprender acciones penales contra quienes han difundido dichas declaraciones.
Según Hernando, la denuncia se basa en unas palabras que alguien entrecomilló en las redes sociales de forma incorrecta, ya que lo que él dijo es que “hay algunos” que se acuerdan de sus antepasados “cuando hay subvenciones”.
Más actuaciones
El colectivo afirma hoy en la nota que “tiene previsto llevar a cabo más actuaciones judiciales contra instituciones y representantes políticos que enaltezcan y justifiquen la dictadura franquista o hagan actos o declaraciones que puedan ser humillantes para las víctimas de la dictadura, que siguen siendo tratadas por el Estado democrático como víctimas de segunda clase”.