Imagen del mercadillo del Campico el pasado domingo
Imagen del mercadillo del Campico 

TEXTO Y FOTOS E. DE GEA

GUARDAMAR DEL SEGURA 11-08-2014

La alcaldesa del PP de Guardamar del Segura, Carmen Verdú, instó a la mercantil Mercadillo Campo de Guardamar a que “de forma urgente” los responsables de la instalación  le entregaran un estudio técnico, valorado en unos 30.000 euros y encargado a un determinado despacho, con el objeto de regular el uso y explotación de equipamiento dotacional privado con uso público complementario del citado mercadillo, según fuentes consultadas.

La petición se realizó hace unos meses  cuando se inicio  una investigación por parte de la Guardia Civil sobre tres mercadillos que funcionan sin licencia en el termino municipal de Guardamar. La instrucción esta siendo dirigida por el juzgado de instrucción número 2 de Torrevieja  por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio y por delitos medioambientales.

Hasta el momento ya han declarado los responsables de los tres mercadillos de Guardamar y en breve, podrían hacerlo miembros del equipo de Gobierno de Guardamar ya que los tres no disponen de licencia municipal.

La propuesta  de los responsables del mercadillo del Campico  insta en su petición al ayuntamiento de Guardamar  a la tramitación  de un plan especial  que tiene como objeto, la implantación de una actuación (en funcionamiento desde hace años)  “de indudable interés público  y social”, una dotación privada  para mercadillo turístico, de carácter  temporal periódico, compatible  con un uso público para actividades de ocio y recreo ambiental, a programar por  el ayuntamiento de Guardamar.

El documento indica también  que en el referido instrumento de planeamiento se contempla  como uso característico la actividad principal de dotación privada, para uso de mercadillo turístico, en la que cabe  diferentes  puestos de venta de bienes y servicios . Al respecto se indica que esta actividad privada se realizará un solo día a la semana. “El resto de días el suelo será destinado a un uso público…”.

La propuesta de convenio solicita al ayuntamiento  que a partir de la aprobación del plan especial,  el uso dotacional privado  no podrá  alterarse  al menos  durante 30 años.