El senador de Compromís, Carles Mulet, presentó recientemente una pregunta escrita dirigida al Gobierno, después de que LA UNIÓ de Llauradors hubiese puesto unos hechos en conocimiento del grupo ROCA de la Guardia Civil, para que investigara la posible existencia de empresas fantasma destinadas a la compra de cítricos para la industria de transformación, por si estuvieran vulnerando la legalidad.
Esta denuncia se hizo después de las quejas de varios citricultores, después de comprobar que alguna de esas empresas no solicita ni siquiera a los agricultores el documento DATA que garantiza el origen lícito de la fruta, permitiendo cualquier tipo de origen de la fruta, ya sea de terceros países sin control sanitario o, directamente, sustraídas a sus dueños. La indignación ha ido a más al proliferan en internet anuncios para comprar naranjas para industria a precios reventados, ante la crisis de precios en origen de esta campaña.
Mulet puso en evidencia ante el Gobierno esta realidad y pidió explicaciones sobre las medidas adoptadas o a adoptar. La respuesta del Gobierno de nuevo se limita a respuestas genéricas:
La Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, protege de forma especial a los operadores más débiles y refuerza la garantía y seguridad jurídica del conjunto de los operadores.
Dicha garantía se basa en la obligación de formalizar por escrito los contratos. Asimismo la Ley establece un sistema público de control de los posibles incumplimientos que se canaliza a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). AICA es por tanto, el organismo creado para garantizar el cumplimiento de la Ley 12/2013, para ello, realiza inspecciones de oficio, investiga las denuncias que se presentan por posibles incumplimientos de la Ley, inicia e instruye expedientes sancionadores y propone sanciones en caso de detectar infracciones.
Desde su puesta en marcha, AICA ha realizado más de 5.000 inspecciones de oficio. Por lo tanto, si consideran que se está produciendo algún incumplimiento de la Ley de la cadena, pueden dirigirse a AICA para que en uso de sus atribuciones, realice las actuaciones pertinentes.
De esta respuesta se deriva que la denuncia formuladas por estos casos no motivó ninguna nueva actuación, ya que remite la respuesta a las iniciativas que la Agencia de Información y Control Alimentarios emprende de oficio (no a instancias de terceros), y en este caso concreto, no se responde sobre ninguna medida concreta adoptada. Simplemente se exponen que se han realizado 5.000 inspecciones, sin saber cuántas de ellas terminaron en sanciones, si los sancionados o inspeccionados han sido reincidentes, y sin saber cuántas de ellas han sido de cítricos y en el territorio valenciano.
Para Compromís esto evidencia que, a pesar de existir una legislación al respecto, la administración hace dejación de funciones y, también en este aspecto, deja a los cítricos y a los citricultores abandonados a su suerte.
