REDACCIÓN

JUEVES 28-04-2016

El pasado mes se llevó por parte del equipo de gobierno a aprobación del pleno de la Diputación de Alicante una modificación de crédito en la que, entre otras propuestas, se destinaba una subvención nominal de 42.600€ a ASAJA y dos de 10.000€ al monasterio de las Clarisas de Elche y a la reparación del campanario de Villena, respectivamente.

La formación de izquierdas ha considerado que el aumento en estas partidas presupuestarias no estaba suficientemente justificada ni motivada, por ello han realizado varias alegaciones tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Dichas alegaciones las justifican en base a la ley de régimen local y las estrictas competencias que recogen en esta que deben cumplir las diputaciones provinciales. Además de considerar que transcurrido un mes desde la aprobación definitiva del presupuesto de 2016 el aumento de estas partidas sobre el importe original presupuestado, denota una absoluta deformación con la realidad actual en la elaboración del presupuesto original.

La diputada de izquierdas Raquel Pérez considera que los presupuestos se elaboran con el objetivo de prever las fuentes y importes de los  recursos financieros en un año y asignarlos para el financiamiento de los planes y proyectos, así como para el funcionamiento de la estructura organizativa aprobada para cumplir con los objetivos y metas en la anualidad.  Por ello, la modificación de crédito que nos plantearon, surge por la precipitación en la presentación de los presupuestos, la poca previsión en sus actuaciones y la nula capacidad de gestión de las necesidades de la provincia.

Además Pérez indica que la dotación que se destina a ASAJA, deberían haberse elaborado unas bases donde todas las asociaciones agrarias de la provincia pudieran acogerse, pues  esta es una asociación donde sus afiliados no aportan cuotas y solo se mantienen de las subvenciones, actualmente de la Diputación de Alicante, creando en este caso un clientelismo estable. Tampoco comparte que el dinero público se destine a asociaciones religiosas, considerándolo una vulneración de la Constitución y una falta de respeto a todas aquellas creencias que se les ignora y no pueden acceder a estos beneficios.