Las localidades afectadas son Hondón de los Frailes, Confrides, Benifato, Villajoyosa, Pilar de la Horadada, Callosa d’en Sarrià, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Petrer y la ciudad de Alicante.

TEXTO L.C.I.

DOMINGO 24-02-2019

 La Guardia Civil de Alicante, mediante agentes del SEPRONA, ha llevado a cabo un total de 31 inspecciones en la provincia para detectar posibles irregularidades en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Como resultado, se ha puesto a disposición judicial a 22 personas, como presuntos autores de delitos contra la ordenación del territorio y se ha realizado numerosas denuncias administrativas, cuyos importes oscilan entre los 300 euros, la más leve y el millón y medio de euros, la más grave de ellas.

En los últimos meses se ha venido desarrollando diversos operativos en municipios de la provincia de Alicante, por parte de la Sección del SEPRONA de la Guardia Civil de Alicante, para comprobar el correcto cumplimiento de la legislación que regula la Ordenación del Territorio y el Urbanismo.

Para ello, los agentes del SEPRONA han realizado vuelos en helicóptero por toda la provincia, junto con el Servicio Aéreo de la Guardia Civil, llevando a cabo un total de 31 inspecciones para la investigación de la comisión de posibles delitos contra la ordenación del territorio, así como también, para la vigilancia y control de las actividades relacionadas con urbanismo.
Mediante estas inspecciones, se ha podido comprobar la adecuación de los actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística y territorial aplicable, descubriendo igualmente, la existencia de una serie de edificaciones/construcciones que, por su situación actual y aspecto exterior, parecían recientes y no legalizables. Las localidades afectadas son Hondón de los Frailes, Confrides, Benifato, Villajoyosa, Pilar de la Horadada, Callosa d’en Sarrià, Orihuela, San Vicente del Raspeig, Petrer y la ciudad de Alicante.
Tras un análisis minucioso de la casuística de cada una de las diferentes situaciones encontradas, se ha verificado que dichas edificaciones estaban ubicadas en terreno clasificado como no urbanizable protegido, ámbitos protegidos de la Red Natura 2000, concretamente de Lugares de Importancia comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
Como resultado de estas irregularidades observadas, se ha puesto a disposición judicial a un total de 22 personas, como presuntos autores de delitos contra la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Además, se han realizado numerosas denuncias administrativas a las Leyes de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de Vías Pecuarias y de Aguas. Los importes de dichas denuncias van de los 300 a los 3.000 euros, si la infracción es leve, de los 3.001 a los 30.000 euros, si la infracción es grave y de los 30.001 al millón y medio de euros, si ésta es considerada muy grave.

Por todo ello, se ha solicitado a la autoridad competente el requerimiento de incoación de expediente de reposición de la legalidad urbanística y restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de las actuaciones ilegales.

Antes de construir hay que asesorarse sobre ello

Por parte del SEPRONA, se recuerda a los ciudadanos que, antes de realizar compra, obra o construcción alguna, deben de asesorarse correctamente sobre aspectos como la catalogación del terreno sobre el que se disponen a construir y sobre la categorización y usos permitidos del mismo ya que, además de la posibilidad de incurrir en infracciones administrativas, también pueden estar cometiendo delitos, castigados con penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, así como incluso tener que demoler la edificación, por decreto judicial.