• Marian Campello: “Toda ayuda, subvención o licitación pública de la Generalitat en turismo o calzado debe estar subordinada a los principios de dignidad, seguridad y derechos laborales así como a la inclusión de criterios sociales, de dignificación y protección laboral de éstos sectores fuertemente precarizados”

TEXTO L.C.I.

LUNES 23-07-2018

El grupo parlamentario Compromís ha registrado en Les Corts una proposición no de ley con el que plantean una batería de doce medidas para poner fin a la precarización laboral que sufren dos colectivos que en estos últimos tiempos se han puesto en pie de guerra contra la situación de extrema desigualdad que sufren: las camareras de piso (comúnmente llamadas Kellys) y las aparadoras de la industria del calzado. Con esta iniciativa parlamentaria Compromís ha asumido la práctica totalidad de las propuestas del sindicato Comisiones Obreras al respecto, con quien se han mantenido reuniones de trabajo.

Según explica la diputada de Compromís, Marian Campello, “los últimos informes sobre precariedad laboral en España elaborados por los sindicatos de clase apuntan a una triste realidad, y es la directa relación entre brecha salarial y sectores productivos más feminizados y con salarios más bajos. En este sentido en nuestro territorio destacan la situación de las Kellys y las aparadoras del calzado”.

Una gran cantidad de establecimientos hoteleros en nuestro territorio intentan hacer estratagemas para abaratar los costes de contratación de su personal de piso. Así, frente a la cierta estabilidad de las mujeres que trabajan como fijas o fijas discontinuas nos encontramos otras con variantes contractuales que van desde los contratos por obra o servicio a contratos de año en año. Incluso la Inspección de Trabajo ha encontrado numerosos casos de mujeres que, trabajando para el hotel eran despedidas para volver a ingresar a través de una subcontrata, perdiendo así los derechos salariales garantizados por el convenio colectivo de la hostelería. De este modo, acogidas al convenio de la hostelería, el cual fija su salario en aproximadamente los 1.300 € brutos mensuales, nos encontramos con otros tipos de contratos que degradan de lejos esta cifra ya de por sí bastante ajustada.

Por su parte las aparadoras del calzado, son trabajadoras de uno de los sectores económicos más importantes dentro del tejido productivo valenciano, que representa un 5,7% de nuestra industria. Sólo en la ciudad de Elche, según estimaciones de la propia Generalitat, cerca de un 40% de la producción de calzado se realiza de manera irregular. Por otra parte según la Universidad de Alicante, el 88% del aparado del calzado se realiza en la economía sumergida. Detrás de los datos se encuentran mujeres trabajadoras en jornadas maratonianas de unas 10 horas diarias, con productos tóxicos y sin contrato por unos 600€ al mes.

Tanto en la situación de las Kellys como la de las aparadoras se debe sumar las nefastas consecuencias para la salud que sus condiciones laborales les están comportando.

Según explica Campello “las instituciones valencianas deben apostar por el empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras frente la explotación y la precariedad laboral, poniendo a su alcance herramientas para encontrar fórmulas que respeten la corresponsabilidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. La competitividad de la economía del territorio valenciano debe ir de la mano de los derechos y la dignidad laboral de sus protagonistas: las personas trabajadoras. Asimismo se debe apostar por convertir los derechos laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras en un valor añadido a la marca turística de nuestro territorio”.

Para conseguir estos objetivos desde Compromís se plantea que toda ayuda o subvención pública concedida por la Generalitat Valenciana para el fomento y dinamización del sector turístico valenciano y de las Vacaciones Sociales esté subordinada a los principios de dignidad, seguridad y derechos laborales así como la inclusión de criterios sociales, de dignificación y protección laboral de un sector fuertemente precarizado como es el del personal de limpieza de pisos. En el caso de los establecimientos hoteleros, sus requisitos de acceso a las subvenciones o programas estaría condicionado a que el personal que preste servicio de limpieza en los establecimientos turísticos interesados ​​esté sujeto al convenio colectivo de la hostelería.

Asimismo Compromís plantea que toda ayuda o subvención pública concedida por la Generalitat Valenciana para el fomento y dinamización del sector del calzado valenciano esté subordinada a los principios de dignidad, seguridad y derechos laborales así como la inclusión de criterios sociales, de dignificación y protección laboral de un sector fuertemente precarizado y feminizado como es el de las escaparate del calzado. Así como contemplar también entre los requisitos de acceso a las subvenciones o programas que el personal manufacturero en la industria del calzado esté sujeto al Convenio Colectivo para la Industria del Calzado. Del mismo modo que se pueda acreditar que las etapas de producción y manufactura del calzado realizadas en el País Valenciano han sido realizadas al amparo de los derechos laborales, de seguridad laboral y dentro del convenio colectivo establecido para su sector.

Desde Compromís también se reclama que se impulse la constitución de una mesa de mediación para llegar a un acuerdo entre patronal y sindicatos respecto a los convenios colectivos de hostelería de Castellón (parado desde 2011), el de Valencia (parado desde 2014) y el de Alicante, así como crear un plan para el fomento y la creación de cooperativas de trabajadoras del calzado dotado presupuestariamente en los siguientes presupuestos de la Generalidad Valenciana.

Con esta iniciativa parlamentaria también se insta al Gobierno de España a que articule un Plan Contra la Explotación Laboral, a que modifique la LISOS a través de un plan específico con control de cumplimiento de las normas laborales así como aumentar los recursos humanos y materiales a efectos de hacer efectivo su cumplimiento y a que reforme el Estatuto de los trabajadores para garantizar los derechos laborales vulnerados mediante el método de subcontratas de servicios.