La propuesta parte de los principios de ‘memoria, dignidad, justicia y verdad’ y busca reparar los derechos de los reprimidos

TEXTO L.C.I.

MADRID 16-11-2017

Compromís en el Senado ha planteado una iniciativa legislativa para promover a partir de un Proyecto de Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Franquismo y de la Memoria Democrática del Estado español. El texto, de 41 artículos, ha sido coordinado por el portavoz Carles Mulet con diversas organizaciones memorialísticas como la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que buscan recuperar la memoria histórica, la defensa de la Democracia y acabar con la impunidad de los crímenes franquistas.

La propuesta legislativa reivindica el Derecho irrenunciable de las víctimas del franquismo a la Verdad, la Justicia y la Reparación, tanto material como simbólica, tal y como establecen los organismos internacionales de Derechos Humanos y el Derecho penal internacional. Carles Mulet ha indicado que espera que ahora se posicionen los representantes en la Cámara Alta “y que el Senado esté a la altura de las circunstancias en un momento histórico en el que se cumplen 40 años de Democracia y todavía quedan numerosos cabos que se dejaron por atar y romper con un franquismo que vició la transición”.

El Anteproyecto propone anular los consejos de guerra sumarísimos y las correspondientes sentencias instruidas por el régimen franquista por arbitrarios e ilegales, adoptando el resarcimiento a las víctimas, así como la reconstrucción de los archivos penales y judiciales afectados. En su título II propone medidas para rehabilitar a las víctimas y sus familias y contar con el reconocimiento de víctimas del franquismo. También regula la desaparición forzosa, crea un Censo de Memoria Democrática con información de desaparecidos y víctimas de la Guerra Civil y el franquismo con las circunstancias de cada caso; un mapa de fosas, la investigación para localizar los enterramientos, establecer metodologías de investigaciones, compilar testimonios orales de forma urgente de víctimas y testigos directos así como un protocolo de exhumaciones y su planificación, con fondos necesarios para ello en los Presupuestos Generales del Estado.

“Los partidos políticos democráticos debemos presionar para reparar estas situaciones tras 40 años de Democracia y por eso tenemos que trabajar desde todas las instituciones para recuperar las partidas para exhumaciones, anular de forma efectiva esos juicios, devolver la dignidad y honor a personas que fueron eliminadas de forma organizada en 1940 y años posteriores y sus familias que fueron estigmatizadas como rebeldes y que las generaciones futuras vean que la historia correctamente, como hicieron con la historia tras el nazismo”, ha indicado Mulet.

En su título III se propone la reparación a las víctimas que lo fueron por participar en la vida democrática y defenderla, mediante jornadas y homenajes, el aliento a reflexionar sobre cualquier forma de exclusión violenta de personas o colectivos. Por otro lado propone convertir el 18 de julio en el día de recuerdo de las víctimas y homenaje a la democracia “con el objeto de mantener el recuerdo de las víctimas desde un planteamiento de salvaguarda de los valores democráticos de respeto, integración, convivencia y cultura de paz”.

Entre los bienes de la Memoria Democrática del Estado Español se incluyen los Lugares de Memoria Democrática, con significado histórico para explicar el pasado, fosas, obras realizadas con trabajadores forzados y de resistencia y se integrarán como Bienes de Interés Cultural en el Patrimonio Español. También propone la realización de rutas de lugares cercanos entre sí y la creación de un inventario. Asimismo se incluirán los documentos a un Fondo Documental de Memoria Democrática en el que colaborarán entidades académicas e instituciones titulares de archivos para su estudio y difusión, así como la creación en el portal del Gobierno español de un apartado relativo a la Memoria Democrática.

Finalmente propone acciones para retirar aquellos elementos contrarios a la Memoria Democrática, como placas, escudos sobre edificios públicos, alusiones a la legitimación de la sublevación militar y la Dictadura franquista o títulos honoríficos. Además propone ilegalizar aquellas entidades que incumplan la ley y dejar sin subvenciones y ayudas públicas de la Administración a aquellas entidades que no eliminen de sus edificios y espacios públicos los símbolos contrarios a la Memoria Democrática y un régimen sancionador. Las actuaciones previstas en la Ley estarían coordinadas por una Comisión Técnica de Memoria Democrática.