TEXTO L.C.I.

JUEVES 17-11-2016el-campello-1

“¿Cómo es posible que la Vega Baja sea la única comarca de todo el País Valenciano que no tenga a día de hoy instalaciones para ordenar la eliminación de desechos?”, se ha preguntado la diputada de EUPV en la Diputación de Alicante, Raquel Pérez, quien ha manifestado que la culpa de esta “insostenible situación” la tiene el propio PP “que lleva gobernando esta administración provincial desde hace más de 20 años, sin olvidarnos de las dos décadas que estuvieron al frente del Consell”.

Para Pérez, el ejemplo más claro se encuentra en el hecho de que la propia Vaersa esté siendo investigada por los tribunales por malversación de fondos. “Durante muchos años el PP ha utilizado esta empresa pública como si fuera su propio cortijo, convirtiéndolo en otro de los focos de corrupción de los populares”, ha asegurado la dirigente de la formación de izquierdas, quien ha añadido que esta nefasta gestión ha llevado a que no se ejecutaran obras fundamentales para la ciudadanía y, en concreto, las de unas instalaciones adecuadas en la Vega Baja para la gestión de residuos en esta zona sur de Alicante.

Asimismo, la diputada alicantina ha insistido en la necesidad de que la gestión de las basuras “sea un servicio público para evitar la corrupción, tristemente patente en la pieza principal del caso Brugal, que investiga una presunta trama político-empresarial en torno a la gestión de los residuos de la Vega Baja”, ha manifestado.

el-campello-4Además, -ha continuado- “la problemática de los residuos a la comarca de la Vega Baja es muy grave ya que no disponen ni de plantas de transferencia ni de tratamiento. Está provocando la saturación de las instalaciones que corresponden a otros planes zonales que acortarán su vida programada y útil, y su incapacidad de gestión por la cantidad de toneladas que les están llegando”.

Igualmente, ha añadido que las plantas de Jijona y Villena no son la solución. “Podemos entender cuestiones puntuales de solidaridad entre territorios, pero no es la solución. Las administraciones públicas con las competencias de tratamiento de residuos tienen todos los deberes por hacer y han facilitado negocios multimillonarios a los amigos. Tendrán que empezar a atender los desequilibrios económicos de muchos ayuntamientos afectados por el incremento de los costes de transporte y el deterioro de los vehículos de las concesionarias de recogida”, ha concluido.ue