La consellera de Justicia Gabriela Bravo anunció hoy que el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana será trasladada para su aprobación a las Cortes Valencianas el próximo mes de septiembre.
Ahora, acaba de finalizar el plazo de audiencia pública donde se estudian las alegaciones y propuestas presentadas. “Se trata de una Ley que pone fin a una deuda con muchos valencianos y valencianas que sufrieron las consecuencias de la Guerra Civil y el Franquismo” indicó la consellera que añadió:”es una forma (la ley) de construir el futuro cerrando el pasado reconociendo a las victimas y la dictadura”.
Explicó la consellera que el anteproyecto recogerá, entre otros aspectos, un listado de sanciones contra aquellas instituciones o entidades públicas y privadas que incumplan la retirada de la ornamentación franquista. Al respecto aseguró sobre el archivo de la causa abierta contra Rita Barbera que “desde el punto de vista penal está argumentado. Por eso, nosotros vamos por la vía administrativa”.
Mapa de fosas comunes elaborado por el Gobierno Central donde no se refleja la del campo de concentración de Albatera en San Isidro
Otros serán la creación de un instituto de la memoria, y un catálogo de fosas comunes y subvenciones para excavarlas y “recuperar la dignidad de los allí enterrados” indicó la consellera.
Se estima, según colectivos de recuperación de la Memoria Histórica que en la Comunidad Valenciana existen al menos 299 fosas – 71 en Castellón, 184 en Valencia y 44 en Alicante-. En ellas se calcula, están sepultados unas 10.000 personas represaliados por el Franquismo. Según el anteproyecto de la nueva Ley todas ellas deberán ser estudiadas y exhumados los cuerpos que contienen.
Reseñar por otro lado que la fosa común situada en el campo de concentración de Albatera (San Isidro) será una de las que serán excavadas. Sin embargo, este lugar no aparece en el mapa de fosas comunes eleborado por el Gobierno central
