ORIHUELA 23-02-2016

AL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA

MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE CAMBIEMOS ORIHUELA PARA LA REPROBACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN EL PARTIDO POPULAR (PP) ASÍ COMO PARA LA ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS A CAUSA DE LA MISMA.

 

                                 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS (texto completo)MartaG23feb

Malversación de caudales públicos, fraude fiscal, prevaricación, blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho, financiación ilegal, tráfico de influencias. Gürtel, Brugal, Nóos, Emarsa, Blasco, Fórmula 1, Avialsa, Imelsa. Ya nadie duda de que las formas y  casos de corrupción del Partido Popular a lo largo y ancho de la geografía valenciana son inagotables. Saltamos de titular en titular, contemplando avergonzados cómo nuestros políticos han manchado la imagen de nuestra comunidad una y otra vez, sorprendiéndonos por el incansable estallido de nuevas tramas y  personajes públicos implicados. Sin embargo,  corremos el riesgo de centrarnos en exceso en lo particular y perder la perspectiva global que nos remite a lo importante: la corrupción política en el País Valenciano tiene un nombre, y es el de Partido Popular.

El caso con consecuencias más sangrantes en nuestra comarca empieza a dar sus frutos judiciales: hace unas semanas veíamos cómo 14 personas eran procesadas por una de las piezas del caso Brugal, la que tiene como eje la manipulación de la adjudicación del Plan Zonal de Residuos en la Vega Baja. Entre ellos, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll y la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente. A ellos se les acabó la fiesta financiada por los empresarios de la basura; nosotros, sin embargo, tendremos que seguir pagando la hipoteca -económica y medioambiental- que nos dejaron como herencia.

El caso Imelsa, el más reciente, sigue abriendo telediarios nacionales: la operación Taula, macrorredada que pretende esclarecer datos acerca de la supuesta financiación ilegal del partido en Valencia, ha llevado a declarar como imputados a 50 miembros del Partido Popular, entre cargos públicos y asesores. La práctica totalidad de los concejales del PP en la capital del País Valenciano están implicados. La investigación policial, de hecho, no está centrada en el estudio de casos particulares, sino que analiza al partido como una organización criminal de dinámicas económicas mafiosas. Una organización corrupta cuyo objetivo inmediato es el de aumentar ilegalmente los recursos de las campañas electorales para acceder al poder, y cuyo objetivo último es el de activar redes de saqueo de lo público desde las instituciones que han conseguido acaparar durante años. La propia presidenta del Partido Popular, Isabel Bonig, afirma en prensa que es preciso refundar el PPCV, defendiendo, incluso, la necesidad de cambiarle el nombre. Esto no sería más que una operación de maquillaje, pero refleja la grave crisis interna que vive el partido y la percepción de los altos cargos, que ven cómo languidece a ritmos vertiginosos su prestigio y su imagen pública a base de golpes judiciales.

IMG_20160223_192616 (1)El colapso informativo al que nos vemos sometidos desde hace años y la incapacidad para comprender la enorme magnitud del problema han provocado un efecto de profunda desafección entre la gente, que ha “naturalizado” la corrupción y la considera intrínseca a la acción política y a las instituciones valencianas. El saqueo del Partido Popular en nuestra región, por tanto, no sólo ha contribuido al desprestigio del propio partido, sino al desprestigio de lo público y al distanciamiento de la ciudadanía que desconfía cada vez más de la Administración. Las consecuencias de ésto son destructivas para la democracia: el hastío lleva a la desinformación y al conformismo, y la desinformación y el conformismo, a su vez, facilitan que se perpetúen las prácticas corruptas y las redes clientelares. Los políticos que “compraron” sus cargos públicos con financiación ilegal y manipulación mediática afianzan su poder: así, vemos como la misma corrupción que ha conseguido desbancar al Partido Popular en algunos lugares de nuestra comunidad, paradójicamente, ha permitido que en otros siga ganando las elecciones.

La corrupción, además, no ha sido sólo un hecho tangencial a la acción política, algo que ocurriera “además” de la labor de gestión de nuestros gobernantes, sino que se ha convertido en una forma de gobierno en la medida en que la toma de decisiones ha quedado supeditada a la satisfacción -unas veces legal y otras no- de los intereses de unos pocos. La línea política de nuestras Administraciones locales, provinciales y autonómica ha estado durante años determinada por la necesidad de enriquecer a quienes pagaban las campañas electorales, que luego debían hacerse con contratos públicos millonarios o pegar el pelotazo con la reclasificación de suelos rústicos. En consecuencia, la privatización de servicios públicos y la urbanización depredadora de nuestro territorio han sido directrices generales que han marcado la política en los últimos años.

En este contexto, poco o nada les ha interesado a nuestros gobernantes propuestas que reclamaban transparencia, modelos económicos y productivos alternativos, participación ciudadana en la toma de decisiones, sostenibilidad medioambiental y social en las actuaciones urbanísticas, o responsabilidad en el gasto público en eventos, edificios o grandes infraestructuras. El despilfarro valenciano sólo ha tenido consecuencias positivas para los políticos y los empresarios que se han llenado los bolsillos con dinero público. Para el resto todo han sido perjuicios: la corrupción como forma de gobierno ha invadido la costa de ladrillo, nos ha apestado con macrovertederos ilegales, y ha dejado en nuestras instituciones una deuda pública insalvable, por lo que el coste de oportunidad no sólo lo hemos sufrido, sino que lo seguiremos sufriendo durante muchos años.

Desde Cambiemos Orihuela sentimos la responsabilidad de señalar una vez más la corrupción, apuntando a sus causas estructurales y a sus consecuencias desastrosas para nuestro país, y especialmente para nuestro País Valenciano, donde los protagonistas, como indicábamos, han sido los políticos del Partido Popular. Una buena muestra de ellos están ya imputados o condenados por alguno de los innumerables casos de corrupción; otros son arquitectos de la red mafiosa -aunque hayan escapado a los juzgados-, otros son simplemente cómplices (y algunos, incluso, simplemente ingenuos). En esta ciudad que ha llegado a concentrar un tercio de los casos de corrupción de todo la comunidad, tenemos la oportunidad de condenar desde el Pleno del Ayuntamiento de la acción delictiva de los políticos que durante años han ostentado cargos públicos, para volver al lado de la gente y tratar de recuperar, al menos, la dignidad de nuestras instituciones. Proponemos para ello una serie de acuerdos simbólicos, pero determinantes a la hora de establecer una postura claramente enfrentada a una forma de hacer política que rechazamos profundamente.  Entre las medidas propuestas se incluye la retirada de placas de inauguración -una forma de apropiación de logros que son de todos por parte de figuras políticas- que continúan decorando vergonzosamente las paredes de nuestros edificios públicos, y legitimando la acción de personas hoy imputados e incluso condenados por la Justicia.

IMG_20160223_192625Aunque nos hayamos extendido relatando los casos de corrupción del Partido Popular, por haber sido éstos abundantes y bochornosos en la geografía española, queremos mostrar nuestra repulsa a los políticos de cualquier signo, que hayan colaborado o consentido las tramas corruptas que invaden nuestras administraciones públicas y estamentos.

De hecho, si hoy nos centramos de manera especial en un partido no es porque pensemos que la corrupción sea patrimonio exclusivo de unas siglas, sino porque, atendiendo al contexto histórico de nuestra comunidad autónoma, sería absurdo negar que nadie como el PP ha representado la corrupción estructural que apela más a la organización política que a los sujetos particulares. Así las cosas, urge una asunción de responsabilidades más allá de las estrictamente legales. No basta la afirmación “banal” de “el que la hace la paga”. Cuando son tantos y tantas las que “la han hecho”, se demuestra que es porque se ha generado el caldo de cultivo apropiado para ello, y alguien tendría que responsabilizarse de haber convertido nuestro territorio en el más fértil para el cultivo de la corrupción. Asimismo, creemos urgente que los municipios afectados tengan un primer revulsivo, siquiera sea simbólico, en aras de demostrar que ni ciudadanía ni gobiernos están dispuestos a mirar hacia otro lado. Por todo ello proponemos la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.- Instar al equipo de gobierno local a redactar una declaración formal y pública de repulsa y reprobación de la actividad delictiva del Partido Popular de la Comunidad Valenciana como organización estructuralmente corrupta. Exigiendo la asunción de responsabilidades políticas, más allá de las legales, por parte de los altos cargos del PP bajo cuyo mandato se dieron estas prácticas. Asímismo, instar al alcalde, como máximo representante del Partido Popular en Orihuela, a pedir disculpas públicamente en nombre de su partido, por las graves consecuencias que la corrupción y gestión nefasta de su partido al frente de nuestras instituciones ha tenido en nuestro territorio.

2.- Instar al equipo de gobierno local a retirar -en un plazo máximo de 15 días- todas las placas conmemorativas de la inauguración de edificios públicos en la ciudad de Orihuela en las que figure el nombre de políticos de cualquier signo, que se hayan visto envueltos en casos de corrupción.

3.- Instar al equipo de gobierno local a retirar -en un plazo máximo de 15 días- cualquier mención honorífica o distinción concedida a políticos de cualquier signo, que se hayan visto envueltos en casos de corrupción. Así constará en nuestro Libro de Honores y Distinciones.

4.- Instar al equipo de gobierno local a que, de ahora en adelante, no se dispongan placas inaugurales en edificios municipales que hagan alusión a figuras políticas. Ese personalismo se debe sustituir por quien realmente hace posible la inauguración de esas infraestructuras, “El pueblo de Orihuela y sus habitantes”.

5.- Instar al equipo de gobierno a trasladar a la dirección nacional del Partido Popular la asunción del mandato ciudadano de mantenerse en la oposición durante la próxima legislatura, para facilitar la limpieza y regeneración democrática del partido.