El ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente ha aprobado el decreto de sequía desoyendo las peticiones del regadío tradicional de la Vega Baja del Segura. La fundamentación del citado decreto es la situación de sequía que hay en la “cuenca del Segura”, cuando en el documento que aprobaron una serie de juzgados de agua y que remitieron al citado ministerio quedaba claro que esa situación afectaba sólo a uno de los subsistemas de la cuenca, el de los nuevos regadíos del trasvase Tajo-Segura. El ministerio utiliza el déficit en este subsistema para concluir que está afectada toda la cuenca y decidir tomar las medidas extraordinarias que se recogen en el citado decreto, entre las que se encuentra la posibilidad de vender derechos de agua. Como se recogía recientemente en los medios, algunos juzgados de aguas han decidido entrar en lo que se llama “el mercado del agua”, cediendo una parte de sus derechos de concesión a cambio de una indemnización y otros, en una postura que desde Izquierda Unida consideramos razonable, aceptar que los regantes del trasvase puedan utilizar el agua del regadío tradicional almacenada en el embalse de La Pedrera con el compromiso de que, tan pronto dispongan de agua, retornen a este regadío la misma cantidad que se han llevado. Creemos que esta posición sí es de solidaridad entre regantes y deja de lado el “mercado del agua” que siempre beneficiará a los que sí pueden pagar por ella, lo cual no es el caso del regadío tradicional.

Para Izquierda Unida el origen del problema está en el exagerado crecimiento de los nuevos regadíos (una buena parte de ellos ilegales), que supera con creces la disponibilidad de agua trasvasada contemplada en el plan del trasvase Tajo-Segura. Esto ha provocado que lo que comenzó como un déficit temporal debido a la climatología, se convirtiera en estructural, con independencia de que llueva o no. Además esta situación se ha visto agravada por la modificación de las cantidades de agua, almacenadas en los pantanos de Entrepeñas y Buendía, por debajo de las cuales no se puede trasvasar, que han pasado de los 240 hm³ a los 400 hm³. Esto que en su día fue vendido por el gobierno del Partido Popular como una victoria ya que, según ellos, se había fijado por ley la continuidad del trasvase, en realidad fue un engaño, ya que al estar situados los pantanos de regulación en una zona con una climatología y nivel de lluvias semejante a la de las comunidades receptoras, cuando hay sequía en un sitio la hay también en los otros y, por lo tanto, las posibilidades de trasvases disminuyen, como la realidad, desde que entró en vigor esta nueva legislación, ha demostrado.

En Izquierda Unida compartimos el planteamiento de las comunidades y juzgados de aguas que aprobaron que los regantes del trasvase puedan utilizar el agua del regadío tradicional almacenada en La Pedrera, como un planteamiento de solidaridad entre regantes pero sin entrar en el “mercadeo” del agua. El agua es un bien público y no debe de estar sujeto a venta ni especulación y mucho nos tememos que lo que ha comenzado como un medida de carácter transitorio, se convierta en una práctica común en el futuro para resolver, a costa del regadío tradicional, el déficit estructural del trasvase Tajo-Segura. Al mismo tiempo reclamamos al ministerio de agricultura tome medidas para mejorar la calidad de las aguas del río, que es otro de los problemas que aquejan al regadío tradicional, y sobre el cual poco o nada se hace. Sin olvidar que el decreto contempla la posibilidad de disminución del caudal ecológico, lo que afectará gravemente al ecosistema del río y a la calidad de las aguas.