La iniciativa propuesta por el Gobierno Rajoy para cambiar la Ley Electoral a escasos meses de la celebración de las Elecciones Municipales y Autonómicas, representaría, en caso de llevarse a cabo, un duro golpe para la estabilidad democrática de nuestro país y rompería todas las reglas del juego, aprovechando partidariamente, y en exclusiva, de la excepcionalidad que le brinda su amplia mayoría parlamentaria para transformar el mapa político a su favor, consiguiendo así mantener gran parte de las alcaldías, gobiernos municipales y diputaciones en un momento en el que la mayoría de la población les ha dado la espalda y cuando las aspiraciones de cambio de la ciudadanía los sitúa fuera de los gobiernos locales.
La medida, castiga y elimina a los partidos políticos minoritarios, a las candidaturas independientes y a los movimientos alternativos que se alzan en pueblos y ciudades contra el abuso y la arbitrariedad, impidiendo que cristalicen nuevas formas alternativas de representación que expresan el descontento y la lucha vecinal.
La propuesta se incardina en el más puro y rancio caciquismo-conservadurismo, pues con ella se pretende eliminar las voces díscolas y discrepantes, sacándolas de los Ayuntamientos. Permite mantener intactas las redes clientelares, seguir fomentando el enchufismo e impedir la fiscalización y el control de las contrataciones y de la gestión del urbanismo, aspectos sobre los que pivota un porcentaje muy importante de los escándalos de saqueo y corrupción que nos han llevado hasta la actual situación de crisis política, económica, social e institucional…
Todo ello, representaría un golpe mortal a la transparencia democrática, dándole a los alcaldes y a los gobiernos municipales mucho mas poder y representatividad de la que hasta ahora tienen, al usurpársela a una buena parte de los vecinos que a partir de ese momento se quedarán sin que nadie los represente por no haber alcanzado sus candidatos los votos suficientes para poder representarlos.
Se trataría de una reforma tramposa que se haría deprisa y corriendo para evitar la debacle electoral que vaticinan todas las encuestas y sondeos, ya que con el sistema seguido durante toda la etapa democrática, el P.P. perdería numerosas alcaldías. Sería una reforma impuesta a las bravas, sin diálogo, sin consenso y sin acuerdos. No estamos hablando de una simple reforma electoral, sino de un golpe de estado a la democracia y a las reglas pactadas y mantenidas en el tiempo.
La necesidad que tiene el P.P. de cambiar la Ley Electoral es imperiosa, pues como están las cosas, y con la previsión de que se produzca un profundo cambio en la composición de los nuevos ayuntamientos, no les queda otra que impedir a las bravas que ello se produzca, pues de lo contrario, la revelación de los innumerables escándalos de corrupción que han marcado su gestión municipal de los últimos años, podría llegar a llenar las cárceles de alcaldes y concejales corruptos, desvelando la inmoral financiación del partido que los sustenta, precipitando las elecciones generales, y muy posiblemente propiciando el inicio de un nuevo proceso constituyente.
Electoral a escasos meses de la celebración de las Elecciones Municipales y Autonómicas, representaría, en caso de llevarse a cabo, un duro golpe para la estabilidad democrática de nuestro país y rompería todas las reglas del juego, aprovechando partidariamente, y en exclusiva, de la excepcionalidad que le brinda su amplia mayoría parlamentaria para transformar el mapa político a su favor, consiguiendo así mantener gran parte de las alcaldías, gobiernos municipales y diputaciones en un momento en el que la mayoría de la población les ha dado la espalda y cuando las aspiraciones de cambio de la ciudadanía los sitúa fuera de los gobiernos locales.