TEXTO L.C.I.

SAN MIGUEL DE SALINAS 09-09-2017

Las familias españolas de acogida de Koria  de San Miguel de salinas, Maloma, Darya y Nadjiba, mujeres secuestradas y/o retenidas contra su voluntad en los campamentos saharauis de Tinduf, se han dirigido por escrito al Secretario General del Frente Polisario, Brahim Ghali, a fin de solicitarle su mediación para resolver estas privaciones arbitrarias de libertad, ya que consideran que «no es un problema de familias, sino una violación de Derechos Humanos que se está encubriendo bajo la justificación de que es una cuestión cultural». Le piden expresamente que «intervenga en favor del respeto a los Derechos Humanos y las Libertades Individuales de estas cuatro jóvenes, para que sus familias biológicas comprendan que estos actos de secuestro y retención contra la voluntad de sus hijas mayores de edad son delitos tipificados en la ley, por lo que, en beneficio de todos, deben deponer su actitud y permitir que ellas expresen libremente su voluntad en un territorio donde no se sientan cohibidas, coaccionadas ni presionadas». En esa línea, convencidos de que Ghali «es el único que puede lograrlo», le solicitan que efectivos del Frente Polisario «las acompañen a la Embajada de España en Argel, para que, una vez se tomen su tiempo para pensar su decisión, la expresen en total libertad con la garantía de que, sea cual sea, será respetada y llevada a la práctica con premura».

En la carta aseguran que se han dirigido directamente a Ghali, después de haber mantenido reuniones con los delegados autonómicos y con la responsable del Frente Polisario en España, Jira Bulahi, que insisten en defender que «Maloma ya ha decidido libremente y que los demás casos “no existen” como tales, porque “están con sus familias”». Morales, padre de Maloma, le recuerda al máximo responsable del Frente Polisario que «las palabras pronunciadas en los campamentos por una mujer que ha vivido en su piel un secuestro por la fuerza -del que el Ejército saharaui tuvo que rescatarla en una intervención militar sin precedentes-, hechas al dictado y delante de sus captores, no pueden ser creíbles ni siquiera tomadas en cuenta, salvo para incrementar la lista de delitos cometidos por quienes la secuestraron y la mantienen retenida desde hace más de 20 meses. Además -continúa Morales-, resulta incoherente que no se midan con ese mismo rasero las palabras de Darya o las de Nadjiba, quienes públicamente denuncian su retención contra su voluntad y expresan su deseo de recuperar su documentación para regresar a España, sin que ello suponga en modo alguno una renuncia a sus orígenes ni un menosprecio a su familia biológica o su pueblo. Simplemente desean retomar sus estudios, trabajos y/o tratamientos médicos, como es su derecho».

Por ello, especifican en su misiva a Ghali que «en la Constitución saharaui se estipula que “nadie puede privar a otra persona de su libertad, si no es por ley” y, por lo tanto, secuestrar a una mujer adulta, sorprendiéndola en la calle, abordándola entre varias personas para introducirla a la fuerza en un coche y llevándosela para impedir, pocas horas antes, que pueda tomar un vuelo de regreso a España, es un delito. Como también lo es –aseguran las familias – confiscar arbitrariamente su documentación y obligarlas así a quedarse en los campamentos, cuando ellas tenían su pasaje aéreo cerrado y previsto para el día en que son privadas de su libertad por sus familias biológicas».

Cuando está a punto de cumplirse los 21 meses desde el secuestro de Maloma, que se miden en años en los otros casos, las familias aseguran que «todas las familias en esta situación pensábamos erróneamente que la situación de nuestras hijas de acogida eran un “caso aislado”, fruto de actos reprobables de determinadas familias saharauis muy tradicionales, que es el mensaje que trasladan siempre los delegados del Frente Polisario en las distintas Comunidades Autónomas para pedirnos “silencio, paciencia y tiempo” ante esta delicada situación». En la carta, las familias enfatizan que «cualquier excusa que las familias biológicas usen para justificar tales actos están fuera de lugar, especialmente cuando hablan de que los padres de acogida “robamos a las niñas en España”, aunque ninguna de esas familias saharauis opuso resistencia a que ellas estuvieran con nosotros, ni hubo denuncias, ni siquiera reclamaron a sus hijas. Si esas acusaciones fueran ciertas y pudieran demostrarlas -prosigue la carta-, lo lógico y legal sería que las familias biológicas interpusieran una demanda judicial contra nosotros y abordaran su denuncia desde el plano de la justicia, nunca ejerciendo violencia contra sus hijas».

Las familias firmantes de la carta afirman que son «plenamente conscientes de que somos culturas diferentes y que, sin ser mejores ni peores, cada uno entendemos algunas cuestiones de modo diferente, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos hacen a todos iguales y nadie es propiedad de otra persona, ni tampoco nadie puede privar de libertad a otra persona arbitrariamente, por muy padre o hermano que sea». Por ello, inciden en su carta en que «el pueblo saharaui lidera una lucha por la libertad desde hace 42 años, que se desdibuja y pierde credibilidad cuando los casos de secuestro y retención ilegal de mujeres adultas revelan que el propio pueblo no respeta siquiera las libertades individuales de algunas de las mujeres que lo conforman».

Según explican en la carta, Maloma Morales de Matos (nacionalizada española por adopción en mayo de 2015); Koria Badbad Hafed (tutelada por la Consellería de Bienestar social de la Generalidad Valenciana por un procedimiento de Desamparo en 2009); Darya Embarek Selma (residente en España de larga duración) y Nadjiba Mohamed Belkacem (también residente en España de larga duración) «son los cuatro casos públicos que, hoy por hoy, prueban que los secuestros y las retenciones ilegales de mujeres adultas son prácticas discriminatorias que violan sus Derechos Humanos y apuntalan la urgencia de adoptar medidas para erradicarlas de una sociedad que ya tiene bastantes problemas, por desgracia, sin necesidad de tener que recurrir a ponerse en evidencia internacionalmente por unas cuantas familias saharauis que no distinguen los límites de la legalidad, ni siquiera los establecidos en sus propias leyes».

Las familias concluyen en la carta asegurando que «Maloma, Darya, Nadjiba y Koria no son, ni mucho menos, los únicos casos de retenidas contra su voluntad en los campamentos, pero sí son los cuatro que la opinión pública española conoce y cuyos secuestros deben solucionarse cuanto antes, a fin de que se puedan abordar con posterioridad programas específicos de sensibilización social para, paulatinamente, conseguir que este tipo de prácticas discriminatorias desaparezcan de la sociedad saharaui, que abandera una política de igualdad y de empoderamiento de la mujer a la que estas conductas no benefician en absoluto».