TEXTO J.Andreu lv
ROJALES 23-12-2016
El juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja ordenó el pasado día 16 la adopción de medidas cautelares de forma urgente para salvaguardar la vida de numerosos animales que se encontraban en mal estado en una finca de Rojales por falta de cuidados. Los hechos se produjeron como consecuencia de la denuncia presentada por la Asociación Defensora de los Derechos de los Animales Adda Guardales, que seguía de cerca el caso de los animales que supuestamente estaban sometidos a unas condiciones lamentables por parte del propietario de una explotación ubicada en Rojales. El auto emitido por la magistrada Juana López Hoyos permitió el rescate de los ejemplares, en un decomiso en el que intervinieron agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) con supervisión de veterinarios, ya que en la finca se encontraron 130 de todo tipo de especies, desde perros criados para su venta a palomas, gallinas, cabras e incluso hurones. Los agentes procedieron a su incautación siguiendo las instrucciones de la juez por la denuncia del colectivo animalista y se recuerda en el auto que estos se encontraban en situación «caquexial», esto es, con una malnutrición severa al estar faltos de comida o agua, además de que en las instalaciones no tenían sitio para guarecerse al carecer de zona cubierta, según relata la abogada experta en defensa de los animales Raquel López, que ha llevado numerosos casos de este tipo en España.
La letrada recuerda que durante casi seis horas se procedió al decomiso en cumplimiento de la medida cautelar «ante el riesgo para su vida y en previsión de que murieran ahogados ante las fuertes lluvias que se preveían». López recuerda que el panorama «cuando llegamos era patético» porque los animales se encontraban en un recinto «lleno de heces, orines, basura y objetos cortantes y por supuesto sin asistencia veterinaria, ya que el dueño los quería para comerciar con ellos y estaban parasitados». La abogada destaca que la juez les dio la catalogación de «bien jurídico protegido, lo que supone un avance en la lucha contra el maltrato», ya que relata que esta figura implica «no solo intervenir en caso de daño físico por el riesgo de que mueran, sino también psíquico para preservar la dignidad de los animales». Tras la intervención quedaron bajo custodia de protectoras como la guardamarenca y otra ilicitana, a la espera de que la denuncia siga su curso por un delito tipificado en el Código Penal.