Una empresa investigada por presunta corrupción urbanística en Murcia trabaja para el Consorcio de Residuos de la Vega Baja, en su defensa jurídica y en la redacción de los distintos documentos, normas o bases técnicas de adjudicación para la Ejecución del Plan Zonal de Residuos 11 A6 (XVII) de la Vega Baja.
La empresa Acal Abogados y Consultores de Administración está investigada por un supuesto caso de prevaricación y falsedad en documento público referente al plan parcial del Roblecillo, en Caravaca de la Cruz, para la construcción de miles de viviendas y un campo de golf en terrenos protegidos.
Al ser consultado por este diario, el máximo responsable del Consorcio de Residuos, el alcalde de Rafal, Manuel Pineda (PSPV-PSOE), aseguró desconocer que la consultora esté siendo investigada y apostilló que únicamente se le encargó personarse en el Caso Brugal, en representación del Consorcio como parte perjudicada.
En este sentido, añadió que Ideus.Ingenieros Sostenibles es quien realiza los trabajos para el consorcio. Se trata de una empresa relacionada, pues Acal «participa de forma mayoritaria del accionariado de Ideus.Ingenieros».
El Consorcio de Residuos acordó encargar en enero de 2016 un proyecto externo a la consultoría Acal para determinar las mejores características del futuro Plan Zonal. Manuel Pineda defendió entonces que el documento fuera encargado fuera de la asesoría jurídica de la Diputación.
En su web, Acal incluye en el apartado «clientes» y dentro de este en «consorcios y mancomunidades», de manera textual «el consorcio de ejecución de las previsiones del plan zonal de residuos de la zona 11 A6». El encargo se hizo efectivo en abril cuando la comisión de Gobierno del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja aprobó adjudicar un contrato de 21.538 euros a una mercantil murciana para, entre otras, describir las instalaciones de tratamiento de desperdicios que se precisan. Esa medida fue respaldada por los representantes del PSOE y del Consell (mayoría) frente a los representantes del PP y de la Diputación, que criticaron que se haya elegido a dedo a esa mercantil, sin consenso, y que además no sea alicantina.
Las diligencias del juzgado número 6 de Murcia, ahora en un Juzgado de Caravaca indican que «otro de los extremos relevantes (…) es la posible falsedad documental que se puede haber producido en la emisión de informes jurídicos por parte de la empresa Acal Abogados y Consultores de Administración Local para el ayuntamiento de Caravaca de la Cruz» . Al respecto la instrucción expone que son «informes predatados, (frente a su fecha real de emisión, para de ese modo poder simular que se habrían tenido en cuenta en tal o cual decisión de los órganos regidores del ente local),y predeterminados en cuando a su contenido (pues aquello sobre lo que debían informar ya había sido tratado y resuelto de manera favorable en las reuniones previas a la emisión de esos informes del organismo municipal)».
Y se añade «como conclusión» que en el informe policial, en base a estos correos electrónicos intervenidos, «parece claro que los informes jurídicos redactados por Acal a solicitud de los funcionarios de ayuntamiento de Caravaca de la Cruz era un mero trámite»
El auto considera como imputadas (ahora investigadas) a María Isabel García y María Encarnación González «por ser emisoras de informes jurídicos por la empresa Acal». La pagina web de Acal recoge actualmente que María Encarnación Gonzáles «es socia» de la citada empresa. María Isabel García no aparece en la misma.
