La plataforma de convergencia para el cambio pide a las autoridades municipales garantías sobre la utilización del dinero público que la empresa que gestiona el agua en nuestra ciudad hace del mismo.
TEXTO L.C.I.
ORIHUELA 21-11-2016
Desde hace meses Cambiemos Orihuela viene anunciando sospechas sobre los elevados costes, tanto económicos como sociales, que la particular gestión del agua y su modo de contratación tendrían en esta ciudad. Considerando que el acceso al agua es un derecho básico universal, que no puede verse limitado por cuestiones de índole económica, a lo largo de la legislatura esta formación tratará de poner blanco sobre negro las circunstancias que envuelven la prestación de este servicio en nuestro municipio.
En el año 2011, Juan Ignacio López-Bas, entonces concejal de Hacienda, anunció una subida de tasas del agua para que “fuera el usuario el que se hiciera cargo de la renovación y no el Ayuntamiento”, según informó el propio edil.
En el “Estudio de costes de explotación y tarifa autosuficiente para la gestión del servicio municipal de alcantarillado del municipio de Orihuela para el año 2012” presentado por Hidraqua, y aprobado en junta de gobierno, reconoce un beneficio industrial para la empresa del 16% (303.824,20 €) y un Fondo de Renovación de Instalaciones de 1.000.000 de euros. Esto significa que cada vecino y vecina de Orihuela contribuye con su recibo a este fondo de inversiones.
El principal problema es la falta de control que sobre esa inversión existe. Según el concejal del grupo Cambiemos, Karlos Bernabé, “cuando es la empresa la que se hace cargo de la renovación es ella la que decide , pone el criterio técnico, marca el coste y contrata a quien le interesa. Esto significa que un millón de euros que deberían ser gestionados públicamente no lo son”.
A este hecho se suma la circunstancia de que Hidraqua es una empresa privada de gestión de servicios públicos que pertenece a AGBAR, un entramado de negocios aún mayor que aglutina otras empresas del mismo ámbito que pueden ofrecer servicios entre sí. Esto podría significar la existencia de un conflicto de intereses, ya que al no existir información y control sobre el destino de ese fondo de inversión no existen garantías sobre el proceso.
“Las consecuencias de la falta de control sobre el destino de este millón de euros podrían ser sobrecostes en las obras, encarecimiento de la factura del agua y renovaciones deliberadamente obsoletas para obtener un mayor beneficio”, afirma Bernabé.
Es por ello que el concejal, advierte la necesidad de tener garantías de que nuestro dinero se utilice de forma ética y eficaz, algo que el actual funcionamiento no aseguraría. Por ello el edil de la formación pide: “sanear la relación con la empresa para evitar pérdidas de fondos públicos y sobrecostes para el usuario, así como relaciones de subcontratación incontroladas”.
Por último, el edil ha destacado la importancia de tener esta cuestión presente, en el caso, como ya informó el grupo Socialista, de que en el proyecto de renovación de los Andenes presentado por el equipo de gobierno, hubiera que renovar las antiguas instalaciones en esta zona. “Por ello, debemos estar atentos a las actuaciones que en este sentido se den si finalmente se inician las obras”, concluyó Karlos Bernabé.
