-El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que la futura ley de Memoria Democrática y para la Convivencia en la Comunitat Valenciana pretende recuperar la memoria democrática para ‘honrar, recordar y reconocer’ a las víctimas del franquismo y avanzar, de este modo, hacia ‘un futuro de convivencia’.

 – La vicepresidenta Mónica Oltra ha reivindicado la memoria como “un acto de justicia y de dignidad colectiva que sirve para cohesionar a la sociedad”
– La consellera de Justicia defiende que el anteproyecto de ley de Memoria Democrática persigue “integrar a todas las víctimas” y huye del “revanchismo”
– El texto establece la creación de un censo de víctimas, la localización de desaparecidos y la denuncia a la autoridad judicial de la comisión de posibles delitos que se dedujeran de los hallazgos y vestigios

TEXTO E. DE GEA

MARTES 09-11-2016memoria_democratica_foto_2

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que la futura ley de Memoria Democrática y para la Convivencia en la Comunitat Valenciana pretende recuperar la memoria democrática para “honrar, recordar y reconocer” a las víctimas del franquismo y avanzar, de este modo, hacia “un futuro de convivencia”.

El jefe del Consell se ha pronunciado en estos términos durante la presentación del anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que está previsto que se apruebe en el próximo pleno del Consell. En el acto también han participado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y la consellera de Justicia, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo.

“Más que nunca tenemos que fortalecer las libertades democráticas y decir que éstas no están garantizadas para siempre”, ha defendido Ximo Puig, que también ha remarcado la obligación de “seguir luchando” para que las ideas que sustentan este anteproyecto de ley “continúen vigentes siempre”.

Por otro lado, el President ha rendido un personal homenaje a la figura de la mujer durante la represión franquista y, en este sentido, ha recordado a todas aquellas que visitaban a los presos de miles de cárceles para “llevar un poco de comida y afecto” a sus prisioneros. “Nadie puede devolver la vida a las mujeres que en cada pueblo y ciudad estuvieron marginadas con espectáculos horrorosos para poner en evidencia su relación con el imaginario de la libertad”, ha denunciado Puig.

Tal y como ha explicado Puig, el objetivo actual del Consell es “pagar la deuda política y simbólica que tenemos con estas víctimas” y, al mismo tiempo, rehabilitarlas “moralmente”. “Nadie puede devolver la vida a los que la perdieron, ni a las familias que, además de perder a un ser querido, se vieron obligadas a vivir en la marginación y en el olvido”, ha explicado.

Por su parte, la vicepresidenta Mónica Oltra ha reivindicado la memoria como “un acto de justicia y de dignidad colectiva que sirve para cohesionar a la sociedad”.

Además, ha criticado el “olvido intencionado de las instituciones” hacia el derecho a conocer la verdad sobre el pasado y a recuperar los restos de las personas, “un hecho tan sencillo y necesario, tan atávico, como honrar a los muertos, otorgarles la dignidad que se merecen y no dejalos diluidos en la oscuridad del olvido”.

“La Ley de Memoria Democrática hace de la memoria un derecho, el derecho a escribir nuestra historia, a llamar a las cosas por su nombre, a decir que no había dos bandos, sino que unos traicionaron al Gobierno legítimo y elegido democráticamente, con la peor de las formas: la guerra”, ha concluido Oltra.

Anteproyecto de ley de Memoria Democrática

La consellera de Justicia, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha destacado que el anteproyecto de ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana “pretende otorgar el reconocimiento social, el restablecimiento de la dignidad y la reparación moral” de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

“Esta es una ley que quiere integrar a todas las víctimas”, ha remarcado Bravo, que, además, ha incidido en que no se trata de un texto “revanchista”. El objetivo que persigue el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, según la consellera, es “recuperar tres derechos fundamentales” para todas las víctimas: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la memoria.

En cuanto al derecho a la verdad, la ley incluirá la posibilidad de identificar a las víctimas y de buscar a las personas desaparecidas. Para ello, el texto establece, por un lado, la creación de un censo de víctimas en la Comunitat Valenciana, que también incluirá a los valencianos y valencianas de origen que murieron fuera de las fronteras españolas y, además, se abordará el problema de la desaparición de niños y niñas durante la dictadura franquista.

Por otro lado, la nueva ley atiende a las recomendaciones de la ONU relativas al desamparo de las víctimas del franquismo. De este modo, la Generalitat realizará actuaciones de recuperación e identificación de los restos de las víctimas desaparecidas mediante mapas de localización, tal y como ha avanzado Bravo.

En lo que se refiere al derecho a la justicia, está previsto que la Ley de la Memoria Democrática lleve a cabo medidas para “consagrar el derecho de las víctimas”. Entre ellas, se contempla la realización de un protocolo en el caso de que existan indicios de comisión de delitos; el inicio de acciones procesales en nombre de la Generalitat cuando se aprecien indicios en los casos de localizaciones y hallazgos; la obligación de garantizar el derecho de asistencia a las víctimas y la colaboración y seguimiento de informes de los organismos nacionales e internacionales.

Por último, el anteproyecto de ley también pretende garantizar el derecho a la memoria democrática. Entre las acciones que están previstas en este apartado destacan la reclamación de los fondos documentales estatales relacionados con la Comunitat Valenciana y el impulso de medidas para la restitución del patrimonio documental incautado.

En este mismo sentido también se ha incluido en el anteproyecto el reconocimiento de la “relevancia” del movimiento memorialista en la preservación de la memoria democrática y en la defensa de los derechos de las víctimas. En relación con este asunto, se establece además que la Generalitat adoptará medidas de fomento en su favor.

Instituto Valenciano para la Memoria Democrática

La consellera Gabriela Bravo ha avanzado que el texto legal prevé la creación del Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas. Se tratará de un organismo autónomo, encargado de realizar las labores de estudio, investigación e impulso de las medidas establecidas en la ley.

Además, integrará el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática, como órgano colegiado consultivo y de participación del movimiento memorialista que opera en la Comunitat Valenciana. Este organismo cuenta con una dotación presupuestaria para su puesta en funcionamiento durante el año 2017 de 224.000 euros.

Plan Estratégico de Memoria Democrática

El anteproyecto también contempla que la Generalitat lleve a cabo un Plan Estratégico de Memoria Democrática, de carácter cuatrienal, en el que se fijarán las actuaciones previstas. En este sentido, la Conselleria de Justicia ya ha creado una comisión técnica de coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura que valorará la retirada de estos restos.

De esta forma, se contempla la prohibición de la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, como nombres de calles, lugares o títulos honoríficos. Asimismo, se prevendrán y evitarán los actos públicos que supongan un “menoscabo de la dignidad de las víctimas o sus familiares u homenajes al franquismo”, tal y como ha indicado la consellera.

El anteproyecto se basa en la Ley 52/2007 del 26 de diciembre, por la que se reconocen y se amplían los derechos de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura del general Franco. Además, el nuevo texto legal tiene una vocación pedagógica, ya que obliga a la Generalitat a llevar a cabo iniciativas para el conocimiento de la historia reciente y al fomento de la memoria democrática.

El texto, que posteriormente se tramitará en Les Corts, está inspirado en otras normativas autonómicas, como las ya aprobadas en Cataluña, Navarra, País Vasco o Baleares, o como las que están en tramitación en Andalucía y en Aragón.