Les Corts debaten una proposición de Compromís para que el coste “de la mala gestión” del plan de basuras de la Vega Baja la asuma la Diputación y la Generalitat, y no los municipios afectados
VALENCIA 12-03-2014
Una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Compromís sobre el encarecimiento en la gestión de los residuos de la Vega Baja debido a la paralización del plan zonal XVII, pide que Les Corts insten a la Generalitat y a la Diputación de Alicante a asumir el encarecimiento en la gestión de los residuos de la Vega Baja por la paralización de manera que, “no tengan que ser los ayuntamientos las administraciones encargadas de soportar esta subida”.
La propuesta presentada por Mireia Mollà y Mónica Oltra, que será debatida en unos días en Les Corts, se argumenta en base a que el 3 de enero de 2008 la Junta de Gobierno del Consorcio de Residuosde la Vega Baja adjudicaba el plan zonal de residuos a la UTE Cespa-Ortiz e Hijos en su variante uno, que contemplaba la instalación de un vertedero y una planta de tratamiento de residuos en la finca Lo Cartagena de la pedanía oriolana de Torremendo.
El 22 de diciembre de 2008, se añade, el consorcio del plan zonal XVII aprobaba que el vertedero fuera trasladado a la finca La Pistola, también ubicada en Torremendo.
Según Compromís, este cambio se encuentra precisamente en el centro de las investigaciones por el caso Brugal.
En septiembre de 2010 el Juzgado de lo Contencioso 3 de Alicante anulaba esta adjudicación a la variante uno porque se había realizado «en criterios distintos a los contenidos en dicho pliego»
y porque se incumplían «numerosos preceptos de las bases técnicas». En julio de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana lo ratificaba.
En abril de 2013 el Consorcio de Residuos del Plan Zonal de la Vega Baja aprobaba que el vertedero se ubicara en el municipio de Albatera y que Cox acogiera la planta de transferencia. Contra esta decisión se han manifestado ya miles de vecinos y numerosos ayuntamientosque han alertado de las consecuencias medioambientales de esta decisión y las deficiencias técnicas que comporta.
Como consecuencia de esta gestión en la puesta en marcha del plan zonal XVII, la Vega Baja sigue sin contar con una planta de tratamiento de residuos. Por ello, las basuras de esta comarca serán tratadas en diferentes plantas de la provincia de Alicante, lo que encarecerá el coste del servicio y, por extensión, la tasa de la basura pagada por los vecinosy vecinas.
La UTE, por su lado, queda exenta de pagar este encarecimientode los gastos de transportar y eliminar los residuos. Por tanto, los ayuntamientos serán en última instancia las administraciones que tengan que asumir el coste de esta mala gestión realizada en la adjudicación del plan zonal XVII.