Tras haber visto el expediente relativo a las obras de sostenimiento y afianzamiento de los acantilados de Cabo Roig, y dado que han tenido lugar declaraciones contradictorias con respecto a los hechos, hemos considerado necesario hacer un relato detallado de lo acontecido hasta el momento para que no haya dudas al respecto.
– Existen informes técnicos desde 2013, alertando sobre el estado del acantilado y el peligro que comporta para los paseantes. Entre 2013 y 2014, con las obras ya presupuestadas, se hicieron varios intentos de iniciar el expediente de contratación, que no pudieron llevarse a término porque no existía consignación presupuestaria asignada (dado que los presupuestos eran los prorrogados de 2012). Desde entonces el paseo está cerrado al tránsito peatonal, lo que en absoluto elimina el riesgo dado que el acantilado se encuentra sobre una playa que en verano tiene una gran afluencia de gente. La única solución posible al cierre del paseo, además, es disponer una pasarela de madera que se encuentra a 3 metros escasos del acantilado con peligro de derrumbe.
– Como solución técnica a la falta de presupuesto, en el último pleno de la legislatura anterior, celebrado el día 29 de abril de 2015, se aprueba una modificación presupuestaria por Créditos Extraordinarios que destina parte de los Fondos de Contingencia a las obras de afianzamiento de los acantilados del paseo, presupuestadas en 290613,69 euros, y entendidas, tal y como dice la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, como una “necesidad no discrecional”. El cambio de gobierno, la incompetencia y la infravaloración de la urgencia de las obras por parte de la concejala de Playas, la señora Álvarez, hace que el inicio del expediente de contratación se retrase durante meses, y no se inicie el procedimiento hasta el 29 de diciembre de 2015.
– Sin embargo, todos los gastos que se financian a cargo del Fondo de Contingencia deben ejecutarse durante el año para el cual están previstos, pues se supone que se trata de gastos urgentes que no pueden demorarse al ejercicio presupuestario siguiente. La modificación presupuestaria que tuvo lugar en el mes de abril para poder acatar las obras “caducó” el 31 de diciembre de 2015. Esto significa que cuando terminó el proceso de licitación y la ejecución de las obras fue adjudicada a la UTE Solutioma SL y Marcos SL por 187000 euros aproximadamente, ya no había consignación presupuestaria para financiarlas. Esto ocurrió el día 8 de abril de 2016.
– Está previsto que las obras tengan una duración de 6 semanas, por lo que podría haberse tramitado una nueva modificación presupuestaria que permitiera que se ejecutaran antes del verano. Sin embargo no fue hasta septiembre cuando el equipo de gobierno se puso a trabajar en ello. El jueves 15 de septiembre de 2016 se nos convocó a una comisión urgente de Gestión Económica para la aprobación de una transferencia de crédito de unos 600000 euros que tenían como objetivo financiar las obras de consolidación del acantilado y la plaza de toros. El expediente quedó encima de la mesa por falta de documentación. Se nos acusó a los grupos de la oposición de bloquear un movimiento presupuestario necesario para acometer inversiones, pero lo cierto es que, meses después de ser evidente la necesidad de dicha modificación presupuestaria, faltaba información. De nuevo, la incapacidad de gestión del gobierno local, su falta de interés o su desordenada lista de prioridades hizo que no pudiera continuarse con la firma del contrato. Mientras tanto, la empresa espera en un limbo incierto que a nosotros nos resulta, cuanto menos, incomprensible (si no directamente ilegal): la obra ya está adjudicada y sin embargo no hay presupuesto consignado para ejecutarla. La consecuencia de esto es que la empresa, cada día que pasa, se está viendo sometida a un perjuicio económico que desconocemos si podrá reclamar en el futuro a nuestro Ayuntamiento.
De hecho, la ley de contratos del sector público dice que “la carencia o insuficiencia de crédito” puede ser causa de nulidad de un contrato, y que ante esta situación, “la parte que resulte culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido”.
– Tras el Pleno del día 15 de septiembre de 2016, incluso habiéndose celebrado otro Pleno a finales de mes, el tema de la transferencia de crédito sigue sobre la mesa. La supuesta urgencia con la que el gobierno trató el asunto ha dejado de existir, desde nuestro punto de vista, porque lo que parecía un mero trámite se ha convertido en algo dudoso desde el punto de vista de la legalidad.
Desde nuestro grupo consideramos que se ha cometido una grave irresponsabilidad al mantener durante tantos años un acantilado con riesgo de derrumbe sobre un paseo y una playa públicos, que visitan cada año miles de personas. Unas obras de 6 semanas de duración, que deberían haberse ejecutado el año pasado antes de que acabara 2015, hubieran ahorrado meses de mantener un espacio público en unas condiciones no sólo incómodas y poco estéticas en un lugar que visitan miles de personas al año en nuestra ciudad, sino además peligrosas para la integridad física de paseantes y bañistas.
Los vecinos de Orihuela Costa -y el resto- tendremos que seguir corriendo peligro de que nos caiga alguna piedra en la cabeza cuando caminemos por Cala Capitán.
Consideramos, también, tras haber consultado servicios jurídicos, que no está claro quién debe hacer frente a las obras de remodelación del paseo de Cabo Roig. Es evidente el Ayuntamiento de Orihuela debe velar por la seguridad de paseantes en un espacio público y por tanto debe garantizar que el acantilado esté consolidado. Sin embargo, la propiedad recae sobre los propietarios de los chalets que están sobre el paseo, y por tanto el mantenimiento tendría que correr de su cuenta, tal y como ocurre en otros tramos de este mismo recorrido más cercanos a la playa de Cabo Roig. Como mínimo las obras, que nos costarán a todos los oriolanos 200000 euros, deberán repercutir posteriormente sobre los propietarios de las parcelas privilegiadas que están sobre ellas.
Exigimos al gobierno local y en especial a la concejala de Playas, la señora Álvarez, que reconozca públicamente los errores que se han cometido con respecto a este tema, que den explicaciones sobre el procedimiento seguido, y que acometa cuantos trámites sean necesarios para que las obras comiencen con la mayor celeridad posible.
