MURCIA 29-03-2016

Una ‘Ley de Punto Final’ para los regadíos ilegales pedía, a bombo y platillo en el año 2000, el anterior consejero de Agricultura de la Región de Murcia, Antonio Cerdá. Por aquellos años, además, algunos empresarios hortofrutícolas murcianos le decían públicamente al entonces vicepresidente de la Región, Antonio Gómez Fayren, que cambiara la Ley para que los agentes medioambientales y guardas fluviales no los achicharraran a denuncias por poner nuevos regadíos, incluso roturando montes y ramblas. Por aquel entonces también, el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Emilio Valerio, en el famoso caso del ‘robo del agua’, detectó un sinfín de nuevas hectáreas de regadío en la cuenca del Segura que habían sido reiteradamente denunciadas por aquellos agentes del orden. Denuncias que no habían tenido eco en los organismos encargados de tramitarlas y que, curiosamente, muchas de ellas se agrupaban en torno a un ramillete no muy amplio de empresas y firmas del sector agroalimentario y de la construcción, muy conocidas.

¿Qué es un regadío ilegal?, se preguntaran ustedes. Pues, hasta ahora, era todo aquel cuya agua aplicada no tenía autorización o concesión. Es decir, todo regadío (fuera del perímetro de riego del Trasvase Tajo-Segura, que éstos van por otro lado) posterior al 31 de diciembre de 1986, fecha en la que entró en vigor el infausto RD-Ley 3/86, que prohibía nuevos usos de agua en la cuenca del Segura. Pues entendía el Gobierno de Felipe González que toda ella estaba «sobreexplotada» y que –y ya a finales de 1986 (hace casi treinta años)–, no quedaba ni una gota de agua para nuevos usos. Una auténtica Ley Seca que propició todo tipo de desmanes, atropellos y arbitrariedades: porque ‘para todos’ legalmente no había agua, pero para unos pocos sí, ya que la cogían sin permiso y ponían hectáreas y hectáreas de lechugas, invernaderos, y frutales mientras eran objeto de las estériles denuncias antes comentadas.

¡Pero eso es crear riqueza y puestos de trabajo!, se dirán ustedes. Sí, y no siempre deteriorando el medio ambiente. Pero entonces, que se haga de forma legal, con normas justas y no pensadas solo en justificar nuevos trasvases. Porque los ciudadanos con escrúpulos y respetuosos de las leyes, por muy injustas que éstas sean, no entran al trapo de estas corruptelas.

Pues bien, una vez que consentimos a unos pocos crear unas 60.000 hectáreas sin amparo legal y por la vía de la usurpación de caudales públicos, y a otros muchos –la inmensa mayoría– ninguna, viene el nuevo Plan Hidrológico del Segura 2015-2021 y a los primeros los premia por su desfachatez y a los segundos les mantiene el castigo de seguir sin tocar una gota de agua.

Para los primeros (para pocos), diseña una especie de Ley de Punto Final para sus regadíos ilegales –la tan reclamada por el exconsejero Cerdá– que tiene tres vías de legalización:

Regadíos ilegales actuales que ya estaban en 1998 –fecha de aprobación del primer plan hidrológico– y que se sigan regando con pozos. Éstos se legalizan provisionalmente ahora y definitivamente cuando a esas fincas llegue el agua de los nuevos trasvases de ríos de España o las tuberías de las desaladoras de Acuamed (de Torrevieja, Águilas o Valdelentisco). En cuyo caso, habrá que sustituir el agua del pozo que se venía usando (barata) por esta desalada (cara).

Regadíos ilegales actuales que no estaban en 1998, pero que son anteriores a 2012 –fecha de la actualización de la cartografía de las superficies de riego del citado Plan vigente–. Se legalizan solo si pueden conectarse directamente a las tuberías de las desaladoras de Acuamed. Es decir, solo se legalizan si el propietario colabora en ‘tapar el roto’ económico de los desmanes de Acuamed. Los que no tengan cerca la tubería del agua desalada, seguirán siendo ilegales con el riesgo de ser ‘clausurados’, dice el Plan Hidrológico.

Regadíos ilegales actuales de las vegas del Segura que se encuentren fuera de los perímetros de los regadíos tradicionales –y desde Calasparra hasta Guardamar–. También en este caso, se legalizan provisionalmente ahora y definitivamente cuando llegue el agua de nuevos trasvases o las tuberías de las desaladoras de Acuamed.

Para los segundos (para todos), y en aplicación de artificios contables y errores metodológicos flagrantes en el cálculo de los recursos naturales de la cuenca del Segura –que ya he contado aquí en La Opinión (20.11.2015 y 14.02.2016)– hasta forzar la máquina para llegar a los famosos 400 hm3/año de déficit; la restricción casi total a nuevos usos de agua en la creación de empleo y riqueza para todo aquel que no forme parte del selecto ‘club de los indultados’ con las citadas ‘medidas de gracia’ del nuevo Plan del Segura. Porque la consigna es que no hay agua para todos, no sea que se desmonte este tinglado. Y de paso, a ver si cae otro trasvase –del Ebro o de donde sea– y que se sigan forrando las grandes constructoras del Ibex35 con las obras.

Y el que quiera una nueva concesión de agua, que se espere a que llegue a su finca la tubería de Acuamed o la del trasvase del Ebro, del Ródano o similar. O que se apropie de ella por su cuenta y riesgo hasta que se pueda acoger a las ‘medidas de gracia’ del siguiente plan hidrológico.

Pero con la permanente incertidumbre, eso sí, de que si no es de ese ‘club de los indultados’, le caiga una denuncia de varios miles de euros y le clausuren el regadío a base multas coercitivas año tras año. Ley del Embudo, podríamos llamar a esta otra Ley.

Por tanto, estimado lector, si usted no está en esa ‘gracia hídrica’ y no quiere apropiarse por la fuerza de lo que es de todos también puede probar a subirse en el ‘autobús de pedir trasvases’ –haciendo ricas a las grandes constructoras y avivando ‘guerras del agua’ entre vecinos– a ver si así le toca algo, aunque no creo. Pues cuanta menos agua tenga usted, más ganan elloS.