El grupo parlamentario de Podemos-Podem ha instado al Consell a adoptar medidas ante el vertedero incontrolado ubicado en La Murada (Orihuela), y a cumplir así el dictamen emitido por la Comisión Europea sobre el procedimiento de infracción sobre vertederos incontrolados pendientes de ser cerrados y sellados, en el que insta a España a clausurar y cerrar el citado vertedero “por los graves riesgos para la salud y el perjuicio económico y social que causa, además de la más que probable contaminación de los terrenos, acuíferos y productos hortofrutícolas de esa zona”. Este incumplimiento ocasionaría una segura multa por infracción de España.
El diputado de este grupo parlamentario, Antonio Estañ, ha presentado una proposición no de ley en la que explica que han tenido conocimiento por parte de la asociación Vertivega que recientemente y de forma reiterada han aparecido focos de lixiviados en hasta nueve puntos situados entre los términos municipales de Orihuela y Abanilla (Murcia) en las inmediaciones del vertedero Proambiente.
Estañ ha explicado que “la posición de los anteriores responsables de la Generalitat Valenciana respecto a este problema ha sido la de delegar las acciones contra la actividad de dicho vertedero a la Comunidad Autónoma de Murcia, al entender que el vertedero y su actividad se desarrollaban en su territorio”.
No obstante, explica, diversos informes y bases de datos oficiales sitúan actividades esenciales para el desempeño de la actividad de la empresa, así como otros elementos indispensables (entrada, depósitos, etc.) en el término municipal de Orihuela, actuaciones que nunca han tenido la correspondiente licencia de actividad, según los datos e informes del Ministerio, la propia Generalitat y el ayuntamiento del municipio de Orihuela. Por ello, el parlamentario considera conveniente que la actuación se desarrolle en ambas autonomías.
Estañ ha recordado que ante la denuncia de esta situación, los anteriores gestores de la Generalitat solicitaron un informe a la empresa Applus Norcontrol, de fecha 20 de septiembre de 2014; con la premisa de que el vertedero se localizaba en la comunidad murciana, concluyeron que los lixiviados tóxicos y demás consecuencias nocivas en las parcelas adyacentes procedían de enterramientos de residuos particulares y no de la actividad de la empresa Proambiente, indicando que “el afloramiento de aguas negras (sic) detectados en la parcela 26 tiene su origen en la lixiviación de los residuos enterrados en las parcelas colindantes situadas aguas arriba”.
Sin embargo, lamenta el diputado, “no se realizó un estudio exhaustivo de las consecuencias de la actividad del vertedero en la zonas valencianas adyacentes, sin considerar además la especial protección de la que disfruta el área”.
Además, ha advertido Estañ, “esta situación se ve agravada por la localización del vertedero y su zona de influencia, que se encuentran en terrenos pertenecientes a la Sierra de Abanilla y que se integran en Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), y está incluida asímismo en el catálogo de zonas ZEPA, categoría de área protegida catalogada por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción.
POSIBLE MULTA
Estañ ha lamentado que esta falta de responsabilidad de la Generalitat resulta más gravosa teniendo en cuenta que el 10 de julio de 2014 la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por su supuesto incumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos (DO L 182 de 16.7.1999, p.1) en relación con treinta y un vertederos existentes en España entre los que se encuentra Proambiente, pudiendo provocar la imposición de una multa a pagar por los ciudadanos ante la irresponsabilidad de la administración.
Por todo ello, el parlamentario insta a la Generalitat a reconocer la existencia de un vertedero en la Comunidad Valenciana presente en el territorio perteneciente al municipio de La Murada (Orihuela), que ha estado desarrollando una actividad industrial sin la licencia ni autorización pertinente, así como a la adopción de las medidas oportunas con carácter de urgencia para identificar la naturaleza de los residuos, las condiciones de tratamiento (impermeabilidad, seguridad, etc.) el alcance de los daños por la actividad realizada y las consecuencias a nivel sanitario, comercial y medioambiental.
Asimismo, solicita que se retiren con urgencia los líquidos tóxicos (lixiviados) que siguen apareciendo desde diversos focos en las inmediaciones del vertedero y articular un plan de regeneración del enclave natural y que se reclame al gobierno central que adopte todas las medidas para el efectivo cumplimiento del dictamen.