Resulta cada vez más evidente el desastre económico y social que ha supuesto el AVE. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la alta velocidad no será rentable en términos económicos ni sociales. La línea Madrid-Levante, la menos deficitaria de todas, recuperaría, como mucho, un 46% de inversión económica. Mientras que la estimación de “beneficios sociales” no alcanza el 43% de los costes. Ello sin entrar a considerar los cuantiosos daños de orden ambiental. Es decir, el AVE no tiene posibilidad de ser justificado en términos de beneficio para la ciudadanía. Sin embargo, España ha alcanzado el absurdo “mérito” de ser el segundo estado del mundo con más kilómetros de alta velocidad, por encima de Alemania, Francia o Japón (lugares donde, por cierto, sí hay líneas rentables).
Ello se debe a que el AVE, lejos de simbolizar progreso, representa la estafa de la crisis. Debido, al menos, a tres hechos. En primer lugar, una gran cantidad de recursos públicos se han puesto al servicio de un proyecto insostenible cuyos mayores beneficiarios han sido grandes empresas de construcción que no brillan por crear empleo digno precisamente. Todo ello mientras se abandonan las redes de cercanías, la protección social, y se recorta en educación y sanidad. Algunos lo justificarán en base al empleo y los sectores económicos estimulados por el proyecto, los denominados efectos de arrastre. Ante ello hay al menos dos objeciones. Primero, que la actividad económica que el AVE supone se basa en empleos precarios y temporales, agresiones al medio ambiente y donde se pierden ingentes cantidades en intermediarios y grandes fortunas. La otra consideración es el coste de oportunidad. Los miles de millones invertidos en alta velocidad han dejado de utilizarse para otra cosa. Es decir, aunque el AVE tuviese efectos beneficiosos, estos podrían haberse obtenido a través de otras vías de estímulo económico más razonables (incremento del gasto social, mejora de las redes cercanías, fomento del empleo público…).
Asimismo, el AVE, como otras políticas neoliberales, refleja un proyecto al servicio de la economía global que se concreta en una agresión contra el entorno local. Por mucho que el AVE se diseñe en oficinas de Madrid (con la complicidad de Bruselas), se construye en determinadas ciudades y espacios. De este modo, un proyecto al servicio de fortunas globales atenta contra escenarios locales. Proyecto que además ha sido, al igual que la propia crisis, profundamente antidemocrático en la medida en que PP y PSOE lo abrazaron como idea de progreso sin escuchar a los afectados por las obras ni permitir el debate sosegado, profundo y social que habría requerido.
En Orihuela, fruto de la pasividad o complicidad de gobiernos locales pasados y presentes, tenemos unas obras en avanzado estado que han supuesto innumerables perjuicios a la ciudad. Sin embargo, tales obras carecen de un convenio que avale económica y jurídicamente su relación con nuestro Ayuntamiento. Ello revela que el AVE es tan rápido que adelanta la velocidad de la propia democracia municipal. No obstante, parece que ahora urge firmar el documento para asegurar que el Ayuntamiento.(o sea, la ciudadanía) pagará la cuenta sin cuestionar el precio ni el producto. Como siempre, nos quieren dóciles. Ahora bien, el actual escenario supone una oportunidad para que nuestra ciudad no asuma de manera pasiva un proyecto contrario al progreso y la justicia social. Quizá sea, pues, momento de plantearnos, ¿pagar qué, a quién y por qué?
La herida del AVE está hecha, pero quizá debamos plantear alternativas para que su cicatrización constituya un paso hacia otro modelo de ciudad y no una cara huida hacia delante. La actual propuesta de convenio, recoge una cláusula según la cual el Ayuntamiento estima las obras en curso como algo positivo para Orihuela. Al contrario, nuestra ciudad ha sido víctima y no beneficiaria, por lo que habrá que reformular el convenio en base al daño sufrido y no a un falso servicio recibido. Somos víctimas, no beneficiarios del AVE. Además, quizá ADIF debiera explicar por qué el paso de la CV-95 ha estado largo tiempo cerrado sin justificación, debiendo ser estimados los perjuicios económicos y sociales derivados de ello. No queda claro que Orihuela deba pagar por el AVE, pero, de hacerlo, pongamos en la balanza los daños sufridos.
Por otra parte, Ayuntamiento y ADIF contemplan dos formas de pago: efectivo o permuta de suelo de 5.000 m² de techo edificable de “uso residencial”o “terciario” (comercial), que ADIF reclama en los aledaños de la estación, zona que hace las delicias para de quienes tengan tentaciones de insistir en el corrupto y fallido modelo de desarrollo urbano vigente. Comprenderán que, al entrar en juego este tipo de intercambios, viejas sombras recaigan de nuevo sobre nuestra ciudad. Máxime cuando ADIF también se encarga de “gestionar espacios comerciales”. Los mismos que han herido nuestro territorio, quieren cicatrizar la herida según sus intereses. Sería bueno recordar que ADIF obedece directrices de gobiernos que no brillan por su limpieza, por no hablar de la miríada de empresas privadas que se lucran bajo su paraguas, o las sombras de corrupción y lucro ilegítimo que planean sobre la propia ADIF.
La firma del famoso convenio no debe precipitarse ni escapar al debate político, puesto que los damnificados seremos todos los ciudadanos. Desde luego que no nos conviene tener obras eternizadas, pero tampoco a ADIF; nuestras prisas podrían consumar su estafa (y la de los gobiernos que la apoyaron). Quizá sea momento de audacia y plantear, de una vez por todas, por qué nuestro territorio y nuestra gente tiene que humillarse ante un proyecto que dista de estar al servicio de la mayoría social. Es necesario, cuanto menos, una mesa de negociación dura, entendiendo los intereses antagónicos que hay entre ADIF y el ministerio de Fomento por una parte, y nuestra ciudad por la otra. Si el AVE representa la estafa de la crisis, el papel del gobierno de Orihuela revelará de qué lado está: si de los estafadores, o los estafados….Mal pronóstico, cuando se trata del Partido Popular.
Resulta cada vez más evidente el desastre económico y social que ha supuesto el AVE. Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la alta velocidad no será rentable en términos económicos ni sociales. La línea Madrid-Levante, la menos deficitaria de todas, recuperaría, como mucho, un 46% de inversión económica. Mientras que la estimación de “beneficios sociales” no alcanza el 43% de los costes. Ello sin entrar a considerar los cuantiosos daños de orden ambiental. Es decir, el AVE no tiene posibilidad de ser justificado en términos de beneficio para la ciudadanía. Sin embargo, España ha alcanzado el absurdo “mérito” de ser el segundo estado del mundo con más kilómetros de alta velocidad, por encima de Alemania, Francia o Japón (lugares donde, por cierto, sí hay líneas rentables).