Regantes de la huerta de la Vega Baja: “Si vendemos nuestra agua, con qué derecho y autoridad vamos a pedir trasvases de otras cuencas en periodos de sequía”
El Sindicato de Riegos de Catral acogió el pasado sábado una jornada informativa donde se dio cuenta de los “efectos negativos”, para el regadío tradicional, que tendrá el Decreto de Sequía, aprobado por el Gobierno Central, y la venta de agua al Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats).
En el acto, presidido por el presidente de los regantes de Catral, José Gómez, participaron el Juez de Aguas de Almoradí, Carlos Barrera, y el portavoz de la Plataforma Ciudadana en Defensa de los Pueblos y la Huerta de “La Cola del Segura” José Manuel López Grima. También estuvieron presentes los máximos responsables del PP y del PSOE de Catral que apoyaron a los regantes en sus acciones contra el Decreto de Sequía. Reseñar que estas dos comunidades de riego junto a otras, forman un bloque que se opone al decreto y suman aproximadamente un 50 % de la huerta del Bajo Segura.
SEQUÍA ESTRUCTURAL
Los ponentes quisieron dejar claros los motivos de su oposición al decreto: “Cómo se puede legislar y vender el agua de riego de la huerta, aunque en estos momentos los embalses tengan buenos niveles, sin saber lo que puede pasar el próximo año hidrológico (a partir de octubre)”. Es decir, apuntaron, que la venta de agua hipoteca el futuro inmediato de la huerta a expensas de la lluvia cuando en estos momentos podría estar garantizado el riego al menos para dos años.
Se explicó en este sentido que la huerta tradicional sufre sequías puntuales y los regadíos ligados al trasvase del Tajo-Segura padecen una sequía estructural. Por eso, indicaron, “siempre van a querer nuestra agua con Decreto o sin él”. “Vender nuestra agua es vender nuestra dignidad y el patrimonio de nuestra tierra” expusieron.
José Gómez fue más allá: “Si habiendo agua, como ahora, se nos quedan tierras sin regar en Catral en cada tanda ¿cómo vamos a vender agua?. Tenemos una lucha muy grande porque una cosa es sacarlos de un apuro (al Scrats prestándole agua ) y otra cosa venderla”
ACUSACIONES DE INTOXICAR Y ENGAÑAR
Por su parte Carlos Barrera calificó como “totalmente falso que digan que nos sobra el agua a los riegos tradicionales”. Arremetió el juez de Almoradí contra representantes del Scrats, como José Antonio Andújar, presidente de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha . “Nos acusan de intoxicar y engañar a los agricultores y dicen que somos pocos los que nos oponemos al decreto. Seamos los que seamos nos tienen que respetar que es lo que no hacen” indicó Barrera para señalar que “la historia pone a cada uno en su sitio (en referencia a Andujar)”.
Retó al Juez de Aguas de Orihuela, a un debate abierto y público donde cada uno defienda sus posturas.
Otro mensaje del encuentro fue: “Si se acepta la venta de agua, se creará un grave precedente, donde por primera vez la huerta venderá su agua y quien la adquiera podrá reclamar derechos”.
Ligado a lo expuesto: “Qué autoridad vamos a tener para pedir trasvases de otras cuencas para el regadío tradicional en posibles situaciones de sequía si vendemos ahora que tenemos nuestra”
José Manuel López calificó el conflicto generado por el Decreto de Sequía de “problema comarcal” ya que “no solo daña los intereses de los agricultores, de nuestro espacio agro-natural y de la calidad de vida de todos los ciudadanos”.
ROBO DE AGUA
Y denunció algo que no es nuevo, el robo de caudales propios de la cuenca del Segura. A pesar de haber sido miembro del consejo del agua de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) durante más de 10 años Grima señaló que tanto las administraciones del PP como del PSOE “nunca me facilitaron los datos de las cantidades de aguas propias del Segura y las que llegaban del trasvase; toda se junta en Ojós y no se sabe nada más”.
Reseñar que diversos estudios universitarios calculan en unas 40.000 hectáreas la superficie de nuevos regadíos ilegales en la cuenca del Segura. “¿De donde riegan?” se preguntó Grima que denunció que ahora la CHS y el Ministerio de Agricultura quiere acabar con los dos subsistemas de la cuenca del Segura , el del regadío tradicional que tienen derecho a las aguas de la cuenca y el del trasvase que solo tiene derecho a las aguas de Tajo.
Los tres participantes en el acto coincidieron en rechazar lo que ahora la CHS llama “agua sin designación”, es decir, la que se sitúa en el pantano de la Pedrera, “la que quieren vender al Scrats porque dicen que se no se puede utilizar por la huerta”.
En este sentido Grima aseguró que “es falso, sí se puede utilizar con las infraestructuras ya existentes”. E incluso añadió que construyendo una tubería de 6 kilómetros hasta Catral, sus agricultores podrían regar con esa agua”.
Los tres ponentes denunciaron que el problema de los regadíos del acueducto Tajo-Segura no es puntual, “es para siempre, de ahí que quieran nuestra agua sea como sea con el apoyo del actual Gobierno Central y autonómicos de Valencia y Murcia (en funciones). Coincidieron en la creación de un Juzgado de Riegos Comarcal, sin que se pierdan competencias de cada uno de sus integrantes, para luchar en contra de que la Vega Baja siga siendo el sumidero de Murcia respecto a aguas residuales y aguas salinizadas.
