LA UNIÓ denuncia ante la Comisión Europea al Gobierno de España porque la PAC consolida recortes ilegales de hasta 18,9 millones de euros anuales en la Comunitat Valenciana
LA UNIÓ de Llauradors, y el resto de organizaciones que forman parte en el ámbito estatal de la Unión de Uniones, ha presentado hoy denuncia ante la Comisión Europea contra el Gobierno de España por el incumplimiento de la normativa de la Unión Europea en los reales decretos que regulan, a partir de este año 2015, la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC), así como, por el presunto reiterado pago indebido en los últimos años a personas físicas y jurídicas que no reunían las condiciones para ser beneficiarios de las ayudas directas de la PAC por no ser agricultores.
Contrariamente a lo que disponía la reglamentación comunitaria, el Ministerio de Agricultura ha venido otorgando durante los últimos años, y así es reconocido por el propio Ministerio en algunos de sus documentos, ayudas derivadas del régimen de pago único a beneficiarios que no han ejercido ninguna actividad agraria al tener su explotación cedida totalmente a un tercero. Esta situación alcanza ahora una especial relevancia ya que el valor inicial de los nuevos derechos de pago básico se determinará en función de las cantidades percibidas durante 2014, con lo cual los efectos del pago indebido a no agricultores se trasladan y perpetúan en la nueva PAC a partir de 2015.
Por otro lado, LA UNIÓ ha denunciado también que el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, permite, más allá de lo establecido en la reglamentación comunitaria, el cobro de pagos directos a personas físicas y jurídicas que gestionan aeropuertos, servicios ferroviarios, instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas permanentes. Esta vulneración de la figura de “agricultor activo”, más el pago durante los últimos años a beneficiarios que no son agricultores, y por lo tanto no deberían haberlo recibido, tiene como consecuencia según las estimaciones de esta organización agraria, que el conjunto de los beneficiarios valencianos tendrán que asumir un recorte del 15% del valor de los derechos de pago único, equivalente a unos 18,9 millones de euros anuales. Dicho recorte no habría afectado a los agricultores activos de haber procedido el Ministerio de forma distinta a lo denunciado por la organización.
LA UNIÓ también ha denunciado que los Reales Decretos de aplicación de los pagos directos y de asignación de derechos, podrían contravenir la normativa de la UE que establece una ayuda complementaria del 25% del pago básico a los agricultores jóvenes en los 5 primeros años desde su incorporación, al exigirles determinadas condiciones que exceden de las atribuciones que la normativa europea concede a los Estados miembros. De ello se deriva una discriminación en perjuicio de los jóvenes que han obtenido mediante cesiones (arrendamientos, compra, herencia o donación) derechos de pago único pero tienen orientaciones productivas que nunca han recibido ayudas directas de la PAC.
Al margen de lo anterior, LA UNIÓ denuncia también que el Real Decreto de asignación de derechos de pago básico limite la libre sucesión de las explotaciones entre familiares de hasta segundo grado, al impedir en estos casos la cesión de derechos de pago básico mediante donación, algo que la reglamentación de la UE no obstaculizaría.
La organización agraria señala que la denuncia presentada se ajusta a aquellas disposiciones que entiende que son contrarias a la reglamentación comunitaria y que representan un perjuicio para los agricultores y ganaderos a los que representa; pero que hay otras cuestiones decididas por el Gobierno en la aplicación de la Reforma de la PAC en España, con las que LA UNIÓ no está de acuerdo, aunque no sean denunciables por quedar dentro del margen facultativo del Estado miembro.
Entre dichas cuestiones, y de la mayor importancia, está que el Gobierno no haya hecho uso del apartado 3 del artículo 9 del Reg. 1307/2013, que le habría permitido excluir del sistema a personas físicas o jurídicas cuyas actividades agrarias representan sólo una parte insignificante del conjunto de sus actividades económicas, y/o cuya actividad principal u objeto social de la empresa no consisten en ejercer una actividad agraria. Esta decisión habría hecho innecesarios los arduos debates sobre la figura del agricultor activo.
LA UNIÓ, por tanto, inicia hoy mismo, una campaña de adhesiones a la denuncia entre los agricultores y ganaderos profesionales que van a ser los mayores perjudicados. Esta campaña constará de charlas en todas las comarcas de la Comunitat Valenciana, boletines electrónicos divulgativos e impresos disponibles en todas las oficinas LA UNIÓ, para dar a conocer el alcance de las afectaciones de las actuaciones contrarias a la normativa de la UE del Gobierno de España en la aplicación de la nueva PAC 2015-2020 y que todos los que lo deseen puedan firmar su adhesión a la denuncia para trasladarla a la Comisión Europea.
