TEXTO Y FOTOS EDUARDO DE GEA
ROJALES 24-03-2026

El grupo municipal del PSOE ha rechazado con el voto de calidad del alcalde, Antonio Pérez, los tres puntos que recogía el pleno extraordinario solicitado por los tres grupos de la oposición PP, Ciudadanos y Pader. La sesión plenaria celebrada este lunes pretendía que fuese aprobado una triple reprobación del máximo órgano municipal hacia los concejales de Deportes Pedro Llopis y de Hacienda, Fernando Suria, así como del alcalde tras un informe definitivo emitido por la Agencia Valenciana Antifraude que dictamina la existencia de posibles irregularidades relacionadas con el pago del servicio de escuelas y actividades deportivas.
Reseñar que la intervención de Antifraude se produce tras la denuncia presentada por el PP que considera que el dictamen de Antifraude podría derivar en un presunto caso de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El documento de Antifraude recoge, tras rechazar la alegaciones del  PSOE, que el adjudicatario de las escuelas municipales no ajustó su facturación al sistema de retribución variable previsto en los pliegos y en el contrato emitiendo facturas por un importe fijo sin corresponder a las unidades de ejecución efectivamente realizadas. Los responsables políticos no pusieron objeciones al mismo.

En este sentido Antifraude señala que la justificación del ayuntamiento “no documentada” sobre que el pago fijo y prorroteado se acordó y consensuó después de la adjudicación, contraviniendo lo dispuesto en los pliegos que rigieron la licitación y en el propio contrato formalizado con el adjudicatario. Y añade que no se puede modificar ni exonerar el cumplimiento de las obligaciones contractuales siendo por lo tanto insuficiente para justificar el incumplimiento detectado. Al mismo tiempo indica que modificar las condiciones  esenciales del precio sin un expediente de modificación formal no solo vicia  la legalidad del acto, sino que altera  la naturaleza misma de licitación, pudiendo haber afectado la concurrencia de otros licitados que tal vez hubieran participado en la licitación de conocer el pago fijo del servicio.

En este sentido los grupos de la oposición señalan que se permitió desde el ayuntamiento que la empresa citada no cobrara únicamente por la asistencia de cada inscrito a cada una de las sesiones de las distintas escuelas y sí cobrara por el número  total de inscritos donde prácticamente la mitad de ellos, no acudía a las escuelas que además eran gratuitas. Este sistema de pago ha dado lugar, según los grupos opositores, a que la empresa adjudicataria cobró el doble de lo que le correspondía, lo cual constituiría una posible malversación de fondos públicos y prevaricación. Es decir, que “se pagaron servicios no prestados” explican.
Durante el pleno el alcalde tuvo que utilizar su voto de calidad en tres ocasiones para evitar la reprobación solicitada por los grupos de la oposición ya que una concejala del PSOE no estuvo presente en la sesión.

Tanto el alcalde como los dos ediles socialistas citados rechazaron en todo momento que exista algún tipo de irregularidad en los pagos de las escuelas deportivas “al facturase correctamente”. Intentaron en sus intervenciones en el pleno desacreditar a la Agencia Valenciana Antifraude. Al mismo tiempo descargaron toda la responsabilidad de los pagos a los trabajadores municipales implicados en el expediente (responsable del contrato y técnico de contratación).

En este sentido el concejal de Hacienda, Fernando Suria, arremetió duramente contra los responsables de la Agencia Valenciana Antifraude y les acusó de falta de independencia a la hora de redactar el documento que da la razón al PP. En todo momento intentó ningunear y menospreciar la labor de Antifraude utilizando frases y adjetivos sobre la resolución como “exagerado”, “con errores conceptuales”, “cosas sin probar”, “confusiones”, “criterios inexistentes”, “aspectos no acreditados”, ” lectura rígida, “excesivo formalismo”, “errores de interpretación en los pliegos” o “omisión de doctrina consolidada” entre otros. Tras acusar a Antifraude de “politización” afirmó Suria que “da la impresión que ya estábamos condenados (desde antifraude) antes de que se estudiaran las alegaciones” o que “han ignorado olímpicamente las alegaciones”.
Además desde el PSOE se derivaron todas las responsabilidades de la gestión de las escuelas municipales en el personal municipal con frases como “los técnicos dicen lo que hay que pagar”, “el control en todo momento es del responsable del contrato”, “las facturas estaban validadas por los técnicos”, “hemos hecho en todo momento lo que dicen los técnicos”, “no podemos ir en contra de los técnicos”, “si dicen sí (los técnicos) es que sí” o “el control de los usuarios lo han hecho técnicos para conformar las facturas”.
 

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