Pérez: “no he apoyado este documento en base a que la redacción está fundamentada en una premisa errónea sobre el Déficit estructural e hídrico de Alicante, nos encontramos en una situación caótica por una gestión nefasta del agua y su resolución debe ser previa a cualquier documento”.
TEXTO L.C.I.
SABADO 17-03-2018
La diputada de EUPV en la Diputación de Alicante, Raquel Pérez, rechaza apoyar el documento final de la comisión para el pacto provincial del agua de Alicante celebrado durante los últimos dos meses.
PÉrez a través de las distintos movimientos sociales por el agua considera que la base fundamental en la cual ha generado el déficit estructural e hídrico en Alicante, Murcia y parte de Castilla la mancha se debe a un exceso de demanda que ha sido provocado con el consentimiento del gobierno del PP y bajo los permisos que se han continuado otorgando a la confederación hidrográfica del segura.
“Cuando se habla en del documento de como resolver los problemas no se han acordado de que una parte fundamental en la defensa del agua, es la defensa de los ríos, de las zonas húmedas, de las acequias, etc… Además que el problema vital que deja el documento a relucir es dejar parte de las soluciones en manos de desviar agua de otras zonas, y consideramos que es tremendamente complicado con el cambio climático que hoy en día alguna zona de la península ibérica quiera trasvasar agua a otras zonas del estado”.
A fecha de hoy no tenemos ni una sola planta de depuración en la cuenca del segura o tratamientos terciarios avanzados, y el problema añadido es que una nueva depuradora genera además una nueva extensión de regadío.
Sobre los trasvases ha querido recalcar que “el trasvase ya existe y el agua no se trasvasa, esto es comparable a los aeropuertos sin aviones, o las autopistas sin coches”.
Este documento siempre ha sido utilizado por el PP como un arma política, y continúan otorgándose la salvación a los agricultores Alicantinos, desde EUPV continuamos trabajando en los movimientos sociales y en el Pacto Social del Agua a nivel estatal que defiende la vida de todos los seres vivos y no por unos intereses económicos.