Fabiola Meco advierte de que es necesario que se consigne para este acuerdo una partida presupuestaria

 TEXTO L.C.I.

JUEVES 05-10-2017

 La Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts Valencianes ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley impulsada por Podem que introduce mejoras en las condiciones actuales de los profesionales del turno de oficio.

La portavoz adjunta Fabiola Meco ha reconocido el esfuerzo realizado por el actual Consell, “que se comprometió desde el principio en que no hubiera demoras en los tiempos de pago de estos profesionales”, aunque ha destacado que sería necesario “algún empujón más” y ha recordado que el ejecutivo también se comprometió a la mejora de sus condiciones y de la cuantía de las actuaciones.

La proposición no de ley aprobada tiene por objeto revisar, actualizar y ampliar las actuaciones que se realizan por estos profesionales que no están siendo debidamente reconocidas y abonadas por el baremo aprobado por Decreto en febrero de 2017.

De este modo, la iniciativa revisa al alza algunas de las cuantías como la de los juicios rápidos, los de conformidad o no, y el procedimiento contencioso familiar; actualiza los módulos de compensación económica conforme al IPC perdido de 2005, a lo que les condenó el anterior gobierno del PP; y revisa e incorpora numerosas actuaciones que se realizan por estos profesionales y que no se contemplan en el baremo, para hacer que se remuneren. Asimismo, incluye nuevas actuaciones que debido a la reforma de la LECRIM realizan.

No obstante, la diputada ha subrayado que es necesario que se consigne para este acuerdo una partida presupuestaria. “Primera regla de la política: No hay política sin presupuesto” ha advertido y manifestado que “trabajará para hacerla factible en los próximos presupuestos”.

A tal efecto la iniciativa prevé que se costeen varias actuaciones comunes a todos los procedimientos como fotocopias de expedientes y demandas, comparecencias o citaciones que se suspenden o los propios desplazamientos de los profesionales a comisarías y centros penitenciarios; así como numerosas actuaciones que hasta ahora no estaban contempladas en distintos órdenes jurisdiccionales como el penal, menores, extranjería (en penal y contencioso-administrativo), civil y contencioso-administrativo.

También plantea la posibilidad de evaluar la situación de inferioridad que viven los profesionales valencianos en relación con otras Comunidades Autonómas y contempla derivar a la consellería las consecuencias del impago de los asuntos en que se haya denegado al justiciable la justicia gratuita.

Se solicitan igualmente rebajar la burocracia existente en cuestiones de tipo procedimental, como el sellado de talones, por el retraso que comporta tener que adjuntar la resolución, y la limitación de designaciones provisionales a los asuntos de urgencia y reclama que el calendario de pagos sea vinculante para la Administración.