TEXTO L.C.I.

CALLOSA DE  SEGURA 07-06-2017 

Grupo PP. Foto EU

Grupo PP. Foto EU

El Juzgado de lo Social nº 2 de Elche, desestima la demanda por el despido dE Jesús Marco Guirao al considerar que el contrato que suscribió con el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, era nulo al concurrir una relación de “amiguismo” y “ser contrario a la ley y a la moral” según EU.

El técnico municipal exigía una indemnización de más de 50.000 euros por considerar que con su despido, el área de contratación estaba vulnerando sus derechos fundamentales. Así la sentencia declara probado que “el actor tiene lazos familiares con  Salvador Guirao, quién era personal de confianza del Alcalde del Ayuntamiento demandado en el año 2004 y concejal del mismo” y que “al actor lo llamaron del Ayuntamiento, presentándose directamente ante el Alcalde a quien le entregó su currículum y quién le manifestó que si le interesaba ser contratado, contestando afirmativamente” se explica.

Debemos recordar que la Fiscalía Anticorrupción ya observó indicios de delito en la citada contratación y todo ello a instancias del Concejal de Contratación, Rubén Manresa (EU) quién propuso denunciar el mismo ante el órgano competente.

Según Manresa, “los hechos declarados probados por esta sentencia demuestran que el Partido Popular mentía a todos los ciudadanos y aclara muchos aspectos de cara al proceso penal iniciado”.  Y es que el Juzgado de lo Social afirma en su sentencia que “se le dieron instrucciones a la Secretaria del Ayuntamiento a fin de que se formalizara la contratación directamente, sin publicidad, ni concurrencia, especificándosele que la remuneración fuera inferior a los 18.000 euros, para evitar la necesidad de concurso, y ello siendo consciente el Alcalde de que el trabajo de Arquitecto Técnico Municipal a realizar, sería en las mismas circunstancias que cualquier otro trabajador o funcionario”.

Quién era secretaria de la corporación, declaró así mismo que, “la contratación se hizo como contrato menor, de duración de un mes y prorrogable por meses, para no tener que sacarlo a concurso público y que las instrucciones se las dio el alcalde y el concejal de obras” se indica.

Ante la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, el juez determina que el Sr. Marco Guirao “se adelanta, formulando una solicitud de reconocimiento de laboralidad, intentado <<preconstituir>>, como señala nuestro Tribunal Supremo, una posible acción de nulidad de un cese que se veía inminente”, todo ello puesto que “con motivo de las actuaciones que vino desarrollando la nueva Corporación salida de las elecciones municipales, se evidenció una situación de clara ilegalidad en la relación que unía al actor con la demandada”, de este modo, determina el Juez que “es precisamente tal ilegalidad, que tiene en su origen una contratación realizada sin respeto mínimo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con un componente de <<amiguismo>> inadmisible en el comportamiento de quienes ostentan cargos de representación pública en las administraciones y que deben velar, por el interés general y por el respeto de dichos principios, lo que lleva a la nueva Corporación a intentar buscar una solución, con posible convocatoria de concurso para cubrir procedentemente la plaza de quién de facto actuaba como Arquitecto Técnico del Ayuntamiento”.

Del mismo modo, determina que podría existir “una mutación de la verdad que se apoya en una alteración objetiva de la verdad, dado que se formalizó contrato de consultoría y asesoría, de duración de un mes, cuando se sabía, a ciencia cierta, que era de duración indefinida y para realización de trabajos ordinarios y permanentes”.

Para terminar la sentencia declara lo llamativo de las cantidades percibidas al margen del Ayuntamiento determinando que resulta “difícilmente comprensible la compatibilidad de actividad del actor en trabajos realizados con temas urbanísticos, resaltándose el nivel de ingresos que se percibía al margen de lo percibido de la demandada. Así en el año 2010, segundo después del inicio de la crisis del sector inmobiliario, la declaración de la renta del actor refleja ingresos de 86.090,85 euros, lo que supone que aquellos eran del orden del 377% más que los percibidos de la demandada”.

Cabe recordar que el Partido Popular defendió en Pleno la legalidad del contrato, argumentando que se había llevado a cabo mediante un procedimiento negociado y afirmando su intención de reclamar responsabilidades a los miembros del equipo de gobierno que votasen favorablemente a la interposición de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del citado contrato.