El ministerio de Agricultura y la CHS amenazan a los regantes de la huerta del Bajo Segura con retirarles la concesión de agua para riego y multarlos con 600.000 euros si no instalan de forma inmediata equipos de control de caudales
-Los regantes consideran que la medida es inútil e inservible y pretende reducir el agua destinada al regadío tradicional para favorecer a los terrenos del trasvase Tajo-Segura
-La inversión exigida se eleva a millón y medio de euros
TEXTO Y FOTOS E. DE GEA
DOMINGO 21-05-2017
Los Juzgados de Aguas y Sindicatos de Riegos de la huerta tradicional del Bajo Segura deben asumir de forma inmediata el coste, la ejecución y el mantenimiento posterior, de la instalación de una serie de equipos para el control “efectivo” de los volúmenes de aguas aprovechados y concedidos para destinarlos al riego. La medida ha sido ordenada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), en aplicación del artículo 55.4 del texto refundido de la Ley de Aguas de mayo de 2009.
Los regantes de la huerta se oponen a la medida y han alegado “a la imposición”. Consideran que los volúmenes hídricos destinados al regadío tradicional están suficientemente controlados con los medios que actualmente se disponen. Pese a ello aseguran que “tenemos que aplicar la medida si o si”.
En este sentido denuncian que la CHS amenaza con la apertura del correspondiente expediente sancionador, con multas de hasta 600.000 euros, y con retirar las concesiones de agua para los regantes que no apliquen la ley de los contadores. “De no atenderse el requerimiento (…) el incumplimiento de la obligación de instalar y mantener los correspondientes medios de medición e información sobre los caudales utilizados está calificado como infracción grave, por lo que daría lugar a la incoación de expediente sancionador” señala la CHS en los escritos remitidos a las 17 juzgados y sindicatos de riego de la huerta. En el mismo se apostilla que: “La reiteración en el incumplimiento es causa suficiente para la declaración de caducidad de la concesión”.
La notificación de la CHS otorga “el plazo de 1 mes para la adecuación de las instalaciones”, tiempo que está siendo prorrogado ante las quejas y alegaciones presentadas.
La inversión que deben sufragar los agricultores asciende a casi un millón y medio de euros (250 millones de las antiguas pesetas).
Fuentes consultadas de regadío tradicional consideran que la ley de los contadores “es inútil e inservible”. El agua que recibe la huerta proviene de los embalses de cabecera de la cuenca, regulada en cada desembalse por la propia CHS que ya lo controla todo. “Lo que deberían hacer (la CHS) es investigar como miles hectáreas terrenos de nuevos regadíos riegan sin tener concesión alguna” denuncian.
Los regantes consideran que el objetivo final de esta medida “es reducir cada vez más el agua de la huerta para desviarla hasta los terrenos del Sindicato Central de Acueducto Tajo Segura (Scrats). Este es el fondo de la cuestión”.
Explican que “estas operaciones encubiertas e ilegales” de redistribución de los caudales propios de la cuenca del Segura ya comenzaron hace dos años con el Decreto de Sequía que incluyó en el entonces sistema único del Segura, a los regantes de Scrats. “Desde ese momentos toda el agua de la cuenca que pertenecía a los regadíos tradicionales de las tres vegas del Segura también pertenecen al Scrats”.
Ahora, añaden, quieren darnos menos agua, desembalsar menos recursos para que el trasvase tenga más ya que casi no recibe agua de la cabecera del Tajo.
Los regantes tradicionales del Bajo Segura aseguran que no se trata de negar agua a nadie, “somos solidarios pero en la cuenca del Segura los recursos hídricos están bajos mínimos”
