La formación recuerda que en septiembre Les Corts aprobaron, con el único rechazo de PP y C’s, mandatar al Consell a realizar un estudio sobre sus repercusiones en la Comunitat
TEXTO L.C.I.
LUNES 10-04-2017
El grupo parlamentario Podemos-Podem ha presentado en Les Corts Valencianes una interpelación dirigida al Consell para que explique qué impacto tendría para los intereses valencianos la entrada en vigor del CETA (Acuerdo Económico y Comercial Global), así como las actuaciones ha realizado la consellería de Economía y Hacienda al respecto.
Esta formación ha recordado que el pasado 23 de septiembre, Les Corts Valencianes aprobaron a iniciativa de Podemos una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno de España a no autorizar la firma o ratificación del acuerdo sin realizar un informe detallado que evalúe sus repercusiones en la Comunitat Valenciana. En contra solo votaron Partido Popular y Ciudadanos.
La iniciativa recogía igualmente que el grupo de trabajo que la Generalitat constituyó para valorar el impacto del TTIP en nuestra comunidad extendiera su trabajo al CETA. En este sentido, Podemos ha recordado que en una sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de mayo de 2016 este grupo parlamentario le preguntó por esta cuestión y el responsable del ejecutivo autonómico anunció la creación de un grupo de trabajo permanente en las universidades valencianas con el objeto de evaluar el tratado y sus consecuencias.
El síndic del grupo parlamentario Podemos-Podem, Antonio Montiel, ha incidido en que el CETA no es un acuerdo comercial al uso, sino un tratado de nueva generación “porque traspasa la finalidad ordinaria de un tratado comercial, y se convierte en un elemento de control o incidencia en los procesos de formación de las normas, que tiende a igualarlas a la baja”.
Así, ha criticado que bajo la fórmula de un tratado, “se nos está colando un caballo de Troya verdaderamente peligroso que puede incluso perjudicar la capacidad legislativa de los parlamentos, no solo regionales, sino incluso del parlamento nacional”.
Además, ha alertado sobre las peculiaridades de la Comunitat Valenciana y la mayor afectación que el tratado tendría en esta autonomía por la propia estructura productiva de pequeñas y medianas empresas, incluso de microempresas, de autónomos y, sobre todo, por la actividad agrícola.
Montiel ha expresado su preocupación ya que estos tratados transnacionales “pueden suponer el colapso de sectores tradicionales como la agricultura o la artesanía valenciana, por competencia desigual respecto a nuestra pequeña y mediana empresa y a tantos autónomos que forman parte de nuestro tejido productivo”.
Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Geffner, ha manifestado que el TTIP y el CETA “constituyen un secuestro a la soberanía y un recorte a la democracia” y ha advertido que Podemos no acepta que se pierdan derechos para aumentar las ganancias de las grandes multinacionales”, ni “la reducción de normativas que defienden el medio ambiente, a los consumidores y a los trabajadores”.
Geffner ha incidido en que el TTIP y CETA “están confeccionados a medida de las grandes corporaciones transnacionales contra los legítimos intereses de la ciudadanía de ambas orillas del Atlántico” y ha remarcado que incluye un mecanismo de solución de conflictos entre inversores y Estados que podría desencadenar un auge de los litigios de las grandes empresas transnacionales canadienses contra la UE.
El parlamentario ha recordado que la producción normativa presente o futura sobre cuestiones tan importantes para la Comunitat Valenciana como el control del fracking, el control de precios y acceso a los medicamentos, la protección de trabajadores y consumidores o la seguridad alimentaria, pueden ser cuestionadas por empresas transnacionales extranjeras a través de este mecanismo.
El CETA, ha alertado, “podría también restringir la capacidad de los gobiernos autonómicos para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro, y provocar la externalización de servicios del sector público a empresas privadas, mientras que el capítulo sobre el comercio transfronterizo de servicios y los anexos correspondientes, podría amenazar diferentes competencias autonómicas en los servicios sociales y la sanidad pública”, ha concluido.
