TEXTO L.C.I.
MARTES 03-01-2
LA UNIÓ de Llauradors ha presentado diversas denuncias contra empresas citrícolas de la Comunitat Valenciana, ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), por no formalizar contratos de compraventa en algunos casos o, en otros, por modificar las condiciones iniciales estipuladas en los mismos.
LA UNIÓ pide al organismo del Ministerio de Agricultura que inicie los controles e inspecciones requeridos para comprobar la existencia de contratos por escrito por parte de esas empresas y, si es el caso, del cumplimiento de su contenido, en la compra-venta de cítricos durante esta campaña de recolección y comercialización. Esta organización profesional agraria esgrime sus quejas de acuerdo con lo establecido en el apartado 4 del artículo 2 y el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
Las denuncias presentadas por LA UNIÓ ante la AICA se centran en la ausencia de contratos, pero también en algunas prácticas que determinadas empresas comercializadoras de cítricos están adoptando después del episodio de fuertes lluvias y vientos acaecidos entre los días 16 y 19 de diciembre. Estas empresas han utilizado como excusa los daños provocados por estas lluvias en las parcelas de cítricos sobre las que existía una relación contractual entre el agricultor y la empresa comercializadora, para no recolectar la fruta que todavía está en buenas condiciones.
Esta actuación podría suponer una vulneración de la Ley de la Cadena Alimentaria al provocar un efecto negativo directo sobre la renta de los agricultores afectados por este incumplimiento unilateral de lo pactado por estos operadores comerciales y que debería ser fruto de control e inspección por parte de la Agencia.
LA UNIÓ indica a la AICA que estas anomalías se van generalizando y que ante ello debe actuar con urgencia para evitar que se extienda a otras empresas. Muchos productores de cítricos se encuentran en un situación de indefensión debido a la grave crisis que sufre el sector en este campaña, provocada por diversos factores, y ello conlleva una práctica generalizada por parte de algunas empresas comercializadoras de incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria y de la Ley de Morosidad, ya que los intercambios comerciales se realizan sin contratos escritos válidos y sin plazos de pago conocidos, superiores a los 30 días que establece la normativa. Por este motivo, LA UNIÓ ha pedido a la AICA que realice inspecciones a determinadas empresas sobre las que ha recibido denuncias de incumplimientos, pero también aleatorias a los operadores que actúan en el sector.
Hay que tener en cuenta que en esta campaña convergen diferentes factores que está provocando un deterioro grave de las transacciones comerciales entre productores y compradores. El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) de la Unión Europea con los países de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional y sus concesiones a las importaciones de naranjas procedentes de Sudáfrica, vigente desde del 10 de octubre pasado; el intento de promover la comercialización de nuevas variedades por parte de los mismos obtentores (a la vez compradores) en detrimento de las variedades comerciales sin royalties, y las recientes condiciones climáticas adversas están provocando que muchas parcelas se queden sin cosechar o que los agricultores entreguen la fruta sin precio al comercio.
LA UNIÓ considera intolerable las actuaciones de estos operadores comerciales en esta campaña, ya que se produce una situación de abuso para los productores en precios y en condiciones de entrega, incumpliendo además las normativas vigentes. LA UNIÓ seguirá trabajando para reclamar a la Administración que actúe con diligencia y contundencia contra estas prácticas.