Ante las gravísimas afirmaciones del concejal no adscrito, en las que dice:
“Hay que decir la verdad, aunque a veces duela y pueda ser políticamente incorrecta. Lo cierto y verdad es que las barredoras propiedad del Ayuntamiento son éstas (las que se han amortizado entre 2005 y 2015). Si el Ayuntamiento rescinde el contrato en 2016, y no en 2025 como estaba firmado, quiere decir que de las nuevas barredoras solamente ha pagado 1 año, de diez (y ni eso, porque debe a la empresa más de 1 año de facturación). Por tanto, estas son las máquinas propiedad del Ayuntamiento y no otras. ¡¡ Hay que decir la verdad !! Otra cosa diferente es que las máquinas tengan que salir a la calle en condiciones (en eso estoy de acuerdo) y no con los cristales rotos o sin ITV. Ahora bien, el ayuntamiento ha rescindido un contrato 9 años antes de su finalización y, por tanto, la nueva maquinaria renovada en 2015 para 10 años NO ESTÁ AMORTIZADA y es propiedad de la Empresa y no del Ayuntamiento”.
Lo cierto es que las barredoras propiedad del Ayuntamiento son las que se encontraban prestando el servicio en la actualidad en el municipio, tal y como consta en el contrato.
Las barredoras se pusieron en funcionamiento en la localidad en el año 2014 y se encontraban en periodo de amortización. Las dos máquinas se encuentran adscritas al servicio de Callosa de Segura en un 100%, esto implica (de acuerdo con lo establecido en la propia ley de contratos del sector público) que LA MAQUINARIA PERTENECE AL MUNICIPIO y debe ser entregada al Ayuntamiento tras la liquidación del contrato, todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento entregue o compense a la empresa el porcentaje del precio de las máquinas que todavía se encontraba pendiente de amortizar.
Desde la Policía Local se está recopilando la documentación necesaria para proceder a denunciar a la mercantil por las actuaciones llevadas a cabo, que incluyen desde la retirada de la maquinaria adscrita al servicio, hasta la utilización de recursos que pueden poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos y de los propios trabajadores.
Recordamos al Señor Javier Pérez Trigueros, que los concejales de la corporación, con independencia del grupo municipal del que formen parte, tienen el deber de defender los intereses de todos los ciudadanos y la legalidad vigente.
