-Cambiemos Orihuela y Compromís per Torrent inician conversaciones sobre la gestión del agua en sus municipios.

-Ambas formaciones intercambian experiencias para avanzar hacia una gestión más democrática, justa y transparente en este “derecho universal”

TEXTO E. DE GEA.

ORIHUELA 13-10-2016agua2

Las acciones que Cambiemos Orihuela ha desarrollado en los últimos meses para dilucidar en qué situación está actualmente la gestión del agua en el  municipio y poder hacer más transparente a sus vecinos los costes de este servicio básico y vital ha trascendido las propias fronteras de nuestra comarca. Este martes el concejal representante de Compromís en el consejo de Administración d’Aigües de l’Horta, Víctor Medina, se desplazó hasta Orihuela para conocer de primera mano la situación al respecto en la capital de la Vega Baja.

Desde Cambiemos Orihuela vemos “muy positiva” esta visita del concejal torrentino: “poder comparar experiencias y modelos con otras ciudades gestionadas por la misma empresa nos abre un largo camino político que la izquierda debe recorrer de la mano”.

Para Cambiemos, “Orihuela acumula graves problemas en torno a la gestión del agua. En el año 1988 el servicio de suministro se regaló a la empresa Hidraqua, entonces llamada Aquagest, que se apropió de la red y comenzó a recaudar las tarifas del agua como ingresos directos de la empresa. Los efectos negativos que esto tuvo sobre los usuarios son evidentes: desde el aumento progresivo de tasas para engordar los beneficios de la empresa hasta el descontrol absoluto por parte del Ayuntamiento del gasto público en inversiones millonarias para el mantenimiento de la red, pasando por oscuras prórrogas -posiblemente fraudulentas- de un contrato abusivo que tendremos que sufrir hasta 2038”.

Se explica que desde el comienzo de la legislatura, en Cambiemos Orihuela hemos estado analizando la situación para abordarla desde una perspectiva que nos permita proponer soluciones viables y contextualizadas. “Hemos tenido serios problemas para recopilar información al respecto y, aun habiendo conseguido acceder a muchos documentos que nos han hecho comprender la dimensión del asunto, todavía no hemos podido contrastar ciertos datos que consideramos imprescindibles” aseguran.

“En las próximas semanas empezaremos, de nuevo, a solicitar información, tanto al gobierno local como a Hidraqua, para seguir configurando un mapa que nos permita hacer propuestas para la mejora de la gestión del servicio, cuyo fin último será la recuperación del control público de este bien común”, afirma Marta Guillén, concejal de Cambiemos Orihuela.

Orihuela y Torrent son dos casos de gestión externalizada del ciclo integral del agua. La primera mediante una licitación 100% privada que tuvo su origen en 1988 y, en el caso de Torrent, el modelo es una empresa mixta con un 49% de participación privada que tuvo inicio en 1996. Ambas ciudades gestionadas por la misma empresa, Hidraqua, del grupo Suez.

“Es un escándalo cómo tratándose de la misma empresa se produce un agravio comparativo de este tipo dentro de un mismo territorio” califica Karlos Bernabé, concejal de Cambiemos Orihuela; y muestra su indignación ante “el volumen de documentación al que tienen acceso los concejales de Torrent cuando nosotros ni siquiera tenemos acceso a documentación fundamental. La opacidad es absoluta”.

El agua es un bien básico para la vida, un derecho fundamental cuyo acceso debe estar garantizado a todos y todas. Durante las últimas décadas, los pueblos y ciudades de España -y del mundo occidental- han sufrido procesos privatizadores que han dejado su gestión en manos de unas pocas empresas que han obtenido márgenes de beneficios brutales, al tiempo que se obstaculizaba el acceso universal al consumo de agua y aumentaban las tarifas para los usuarios. La constatación del fracaso de este modelo ha promovido que, recientemente, muchas ciudades hayan decidido, con gran éxito, remunicipalizar el servicio. Ciudades como París o Berlín son referentes en nuestro objetivo último de articular nuevos modelos públicos de gestión, más democráticos y participativos, en los que se consiguen bajar las tarifas del agua y/o socializar las ganancias para que repercutan positivamente en las arcas municipales.

Medina muestra su asombro ante las diferencias entre contratos y denuncia que “mientras que en el contrato torrentino se establecen prórrogas de un máximo de dos años por acuerdo mutuo o una prórroga forzosa de 3 años con la aprobación del pleno, vemos como en Orihuela se prorrogó en 2004 hasta 2038 mediante aprobación en Junta de Gobierno Local cuando el contrato finalizaba en 2018”, lo que califica de “un contrato de muy dudosa legalidad y constitucionalidad”, y añade que “como valencianistas no podemos confiar en empresas que actúen con esta opacidad tan absoluta en otras partes de nuestro territorio. Los  países no se cosen con vías de AVE, se cosen con derechos, y en eso estamos”.

Por su parte Marta Guillén califica esta reunión como “el inicio de un camino en el que queremos sumar más representantes de otros municipios para configurar una red de municipios valencianos por la democratización de la gestión del agua. Es nuestra responsabilidad trabajar para recuperar el agua como un derecho fundamental que trasciende los intereses privados y las ideologías. El agua es un bien universal que no ha de tener como objetivo la obtención de beneficios empresariales que pagamos todas y todos en nuestras facturas. Quien se oponga a esto se está oponiendo a los derechos de las personas”.