Estañ lamenta que el Ministerio de Hacienda defiende más a los defraudadores que a los pensionistas

REDACCIÓN 

VALENCIA 31-05-2016

La comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy con el apoyo de todos los grupos y la abstención del PP  una iniciativa del grupo parlamentario Podemos-Podem en la que se reclama al Consell que inste al Gobierno central a solucionar los errores detectados en el proceso de regularización de los pensionistas retornados.

Esta situación “ha revelado falta de planificación y ha causado desprotección y discriminación de un colectivo en situación de debilidad que debe ser corregido por el Ministerio de Hacienda”, según ha destacado el diputado por Alicante de este grupo parlamentario, Antonio Estañ, que también ha lamentado que el Ministerio de Hacienda “defiende más a los defraudadores que a los pensionistas”.

En la iniciativa aprobada, Podemos propone que se devuelva de oficio a los pensionistas retornados las cantidades que se les haya cobrado injustamente, en concepto de sanciones, recargos o intereses, sin necesidad de que el pensionista lo solicite y que se abra un nuevo periodo de regularización de la declaración de las pensiones con plazos más adecuados y suficientes, acompañado de una campaña de información específica y que se cuente con personal técnico idóneo para facilitar a los mayores retornados la adecuación de su situación tributaria.

Asimismo, solicita que se realice una homologación de pensiones de incapacidad procedentes del extranjero para que el pensionista emigrante retornado ostente los mismos derechos y obligaciones que los pensionistas nacionales, compartiendo gravámenes pero también exenciones.

Estañ ha explicado que en el proceso sobre regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto, realizado por el Ministerio Fiscal, se han detectado ciertos errores.

Entre ellos ha destacado la no homologación de pensiones de incapacidad reconocidas en el extranjero; la desinformación y consiguiente desasistencia de un colectivo numeroso en la Comunitat Valenciana y que, por sus características, debe gozar de una mayor protección legal, “cambiando la manera de actuar del Ministerio que pone facilidades a los grandes evasores a la vez que exprime a los que han estado trabajando toda su vida”, ha explicado.

Además, según ha expuesto Estañ, el plazo para regularizar las pensiones que tributaban en el extranjero ha sido manifiestamente insuficiente para satisfacer una regularización correspondiente a cuatro años fiscales, ya que los pensionistas emigrantes retornados recibieron las cartas provenientes de Hacienda –tuvieran o no que regularizar su situación– y en varios momentos se dejó de prestar servicio en las delegaciones territoriales de Hacienda, tal y como denuncian las asociaciones de emigrantes.

A todo ello, ha lamentado, hay que sumar la falta de información por parte de las autoridades tributarias, que unido al hecho de que el colectivo afectado es de edad avanzada y poco familiarizado con la legislación española por haber residido mucho tiempo en el extranjero, ha provocado que muchos de los pensionistas retornados, que se podían haber beneficiado de la exención de sanciones y recargos que preveía la ley no hayan podido hacerlo, sufriendo a día de hoy la aplicación de las penalizaciones que se prevén en la normativa, necesitando acudir a asesoramiento privado.