El carácter simbólico de las cuestiones políticas es una constante sin la cual no puede comprenderse nuestro mundo. A menudo, luchas o reivindicaciones relativamente parciales y pequeñas, acaban simbolizando grandes proyectos sociales. No hace mucho, una protesta minera en el centro de Madrid, logró simbolizar el hastío de toda una ciudadanía frente a recortes, paro, precariedad e injusticia, ello pese al evidente descenso de la importancia cuantitativa de la minería en nuestra economía. Del mismo modo, la PAH logró, a nivel nacional, reflejar el sentir de muchísima gente que, pese a no tener problemas habitacionales, sí estaban comprometidos con la lucha frente a la omnipotencia de las entidades financieras.
La escala local también juega con estas relaciones simbólicas. Actualmente, uno de los elementos centrales de la agenda política oriolana es el servicio de atención temprana. DINOCO, la asociación de madres y padres que hace años, y en una situación de emergencia, se vio obligada a asumir la gestión del servicio, lleva largo tiempo reivindicando que éste pase a ser público y de gestión directa. La explicación es obvia: la privatización del servicio abriría, lenta pero inexorablemente, las puertas a la entrada de la lógica del mercado en un área tan sensible como ésta. Así, lo que se concibe como un derecho pasaría, de un modo u otro, a ser una mercancía. Además, la actual gestión asumida por las propias familias, pese a su carácter de romántica resistencia tampoco es razonable. No se trata sólo de la insostenibilidad jurídico-técnica que algunos alegan, sino de que las familias se ven forzadas a ser “empresarias de si mismas”. Desde luego, sería razonable que cualquier servicio público contemple vías de participación y asunción de responsabilidades a los usuarios, pero, a día de hoy, DINOCO está soportando todo el peso de un agujero en nuestro maltrecho estado del bienestar. La propuesta es que ese vacío comience a ser ocupado desde el gobierno local a través de su poder e instrumentos públicos.
Lo destacable, sin embargo, es que DINOCO ha conseguido que la defensa de la gestión pública de un servicio municipal haya ido más allá de las fronteras ideológicas tradicionales. Obviamente, los grupos alineados de un modo u otro con la tradición de la izquierda política no han tenido problema en adherirse a la demanda. Pero son muchas las personas provenientes de otras posiciones e ideas que también apoyan esta solución hoy. Tanto es así que ni siquiera el PP se atreve a cerrar claramente las puertas a la municipalización (tan contraria a su ideario tradicional). Así, la lucha por una atención temprana ha acabado por construir un símbolo común capaz de aglutinar a numerosas personas y grupos, convirtiendo en cada vez más mayoritaria la defensa de lo público a nivel local.
Pero el éxito pasa inevitablemente por forzar a la institución municipal hacia un papel más activo en esta problemática. Las ciudades no pueden limitarse a ser un espacio de resignación que gestione los recortes o carencias impuestas por otras instituciones; deben ser, por contra, un espacio de esperanza que transforme la realidad política. Así, si bien hemos de alegrarnos de que el gobierno no haya cerrado la puerta a lo público gracias a la presión ciudadana, hay dos elementos amenazantes en su discurso que ponen en duda su voluntad real de abordar este problema con la audacia y deseo de transformación necesarios. En primer lugar, afirmaciones del tipo “no cerramos la puerta a nada” o “exploraremos todas las alternativas”, dan a entender que igual da privatizar o municipalizar si el servicio funciona. El problema es que la experiencia demuestra que ciertos servicios funcionan muy mal, y en perjuicio de trabajadores y usuarios, si se privatizan. Por tanto, la idea no es explorar cualquier alternativa, sino decidir qué tipo de alternativa se quiere construir, a partir de ahí, resolver los problemas que surjan. El marco legal, político y económico dominante está diseñado para abocar a los ayuntamientos a la externalización de sus servicios. No decidir es una forma de decisión, por lo que es preciso que el gobierno local se posicione cuanto antes. Sin embargo, el gobierno, (y este es el otro elemento alarmante de su discurso) insiste en no “politizar” la cuestión. Muestra de ello es el desafortunado texto de Sabina Galindo cuyo título rezaba “la miserable politización de la atención temprana”. Empieza a ser ridículo el modo en que los gobiernos justifican sus decisiones políticas en base a cuestiones “técnicas” mientras acusan a quienes discrepamos de “politizar” los asuntos públicos. La política consiste precisamente en la capacidad de proponer alternativas. Miserable no es la política en general, sino ciertas prácticas políticas en particular. La atención temprana no está politizada por nadie, ya que es una cuestión política en si misma. Por tanto, el debate no es si se politiza o no, sino qué tipo de políticas se pretende aplicar para garantizar la misma. En un mundo diseñado para el beneficio privado, la defensa de lo público requiere, precisamente, un valiente ejercicio de voluntad política.
Doblegar estas resistencias e inercias requerirá un profundo ejercicio de presión social y ciudadana. Hoy, para muchos de nosotros, la lucha liderada por DINOCO simboliza más que la sola defensa de la atención temprana. Al fin y al cabo, de poco servirán los muchos beneficios de este servicio si, al finalizarlo, las familias se encuentran ante un sistema educativo, sanitario o gestión deportiva al servicio de la lógica empresarial, como está sucediendo. Por ello, no estamos sólo ante la defensa de un servicio público en particular, sino ante la posibilidad de avanzar hacia otro modelo de ciudad, modelo que nos beneficiará a la mayoría y que, por tanto, la mayoría debemos salir a defender y exigir.
