El ayuntamiento de Guardamar ordena la demolición, el lunes, de parte de una vivienda rural y la afectada anuncia la presentación de una querella criminal
El ayuntamiento de Guardamar del Segura procederá a las 11 horas del próximo lunes día 9 la
La vivienda antes y después de las obras
demolición de las “obras de reforma” realizadas en una vivienda rural, con más de 50 años de antigüedad y propiedad de Isabel Viudes Campos. La razón, según la notificación firmada por la alcaldesa de Guardamar, Carmen Verdú, se debe a que las actuaciones han sido realizadas “sin licencia” y que se trata de obra nueva” ejecutada en el inmueble situado en la Partida Los Mores.
El abogado de la afectada anuncia en un escrito presentado en el ayuntamiento, hoy jueves día 5, la presentación de una querella criminal contra la alcaldesa de Guardamar y técnicos municipales a los que acusa de presunta prevaricación en caso de que finalmente se lleva a cabo la demolición.
Los hechos se remontan a finales de 201l cuando Isabel Viudes solicitó dos licencias de obras menores para “reparar, picar y enlucir los muros existentes en su vivienda y almacenes anexos y para cambiar, tres ventanas, poner una puerta de cochera nueva y cambiar el techado con un presupuesto de 5.000 euros, liquidando a continuación las tasas municipales. En fecha 15 de diciembre de 2011 fue concedida la licencia de obras.
Trece meses después, el 21 de enero de 2013 el ayuntamiento, tras la denuncia de un particular, levantó un acta de inspección “informando extrañamente (según el abogado de la afectada)” de la existencia de unas obras sin licencia pese a que “no se amplió ni la superficie ni el volumen de la construcción” según el escrito registrado en el ayuntamiento hoy.
En julio de 2013 un decreto de Alcaldía “de protección a la legalidad urbanística” da lugar a la orden de demolición prevista para el próximo lunes .
Y ello, a pesar de la presentación de toda la documentación requerida durante años: escrito
Antes y después de las obras
de alegaciones, recurso de reposición, fotografías etc “de los cuáles no se ha sabido nada hasta el pasado mes de enero al recibir la orden de derribo” según el abogado de Isabel Viudes quien afirma que toda la documentación presentada y con copia sellada en el registro del Ayuntamiento de Guardamar “de forma extraña, oscura y harto sospechosa no consta en el expediente o está incompleta”
El abogado, en el escrito registrado hoy en el ayuntamiento señala que, ante el cariz que toman los hechos en este expediente “se ha acreditado de nuevo al ayuntamiento y a su alcaldesa todo lo expuesto, sin que por ello se haya acordado, pese a haberlo solicitado por escrito la suspensión y paralización de todos los trámites del expediente hasta su total aclaración”
Para el letrado, la demolición prevista “no se ajusta a derecho porque los hechos no se ajustan a la realidad por lo que debe ser recovada en su totalidad”. En este sentido explica que sí hay licencia de obras, el importe de las tasas han sido satisfechas, no se trata de ampliaciones de obra nueva o de realización de obras de nueva ejecución ya que “solo se han restaurado obras y edificaciones preexistentes con 50 años de antigüedad”. Y añade el abogado que no procede adoptar medida alguna de una posible restauración de la legalidad urbanística al no haber habido vulneración alguna de esta.
El escrito añade que de mantenerse las posturas del ayuntamiento “estará manteniendo una resolución contraria a derecho a sabiendas que es así; no encontramos pues ante la figura de prevaricación contemplado por el Código Penal que indica que a la autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria en asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público”
El abogado anuncia que, de mantenerse sin resolverse de forma sensata y coherente este
Antes y después de las obras
asunto, la interposición de una querella criminal dirigida a todos los intervinientes en este asunto, “ámbito delictivo que abarca tanto a la alcaldesa como a los funcionarios”.
Por vía administrativa, se indica anuncia las pertinentes reclamaciones patrimoniales sobre las posibles perdidas económicas que pueden suponer el derribo.
La afectada por la orden de derribo señala que no permitirá que las maquinas entren en su propiedad.
Desde el Equipo de Gobierno del PP de Guardamar se indica que el proceso del expediente “está en revisión tras recibir nuevos informes” y que se actúa en este caso como en otros muchos “con normalidad . A la pregunta sobre si será ejecutada la demolición el lunes no supieron responder.
