LA UNIÓ de Llauradors denuncia que los supermercados de Lidl ofertan en la actualidad mandarinas valencianas en algunos países de la Unión Europea como Holanda aunque también en España a un precio muy bajo en una clara y supuesta muestra de la “venta a pérdida” que realizan las grandes cadenas de distribución comercial.
Las mandarinas valencianas se venden a 0,69 euros/kilogramo en los Supermercados de Lidl en Holanda mientras que los de esa misma firma pero en la Comunitat Valenciana o España lo harán a 0,75 euros/kg a partir del 13 de noviembre como producto de una oferta de bajada de precio de un -41% al pasar de 1,29 a 0,75 euros/kg.
En Holanda, a pesar de los costes que deberían suponerse por el transporte, bajan su precio respecto a lo que desembolsan los consumidores valencianos. Hay que tener en cuenta que el comercio percibe una cantidad por kilo de esa fruta y sólo el coste de transportar y colocar los cítricos en los lineales de los supermercados en Holanda, además del beneficio empresarial de éstos, ya puede ser importante. Con todo ello no es difícil imaginar la cantidad irrisoria que le quedará al agricultor que la ha producido. Según los datos del Ministerio de Agricultura, el precio en origen es de 0,26 euros/kg y en destino español llega a los 2,01 euros/kg.
Con estas cifras no es difícil concluir que Lidl pierde dinero con esta venta de cítricos pero su verdadero objetivo es servir de gancho para otras compras, sin darse cuenta del daño que le hacen al sector. Estas prácticas, que suponen en la mayoría de ocasiones pérdidas para los supermercados en esos productos, alteran la percepción de los consumidores en el sentido que luego les parecerá caro un cítrico vendido a un precio razonable, hecho que desvía la compra hacia productos sustitutivos, presionando a la baja los precios percibidos por los productores.
LA UNIÓ critica que algunas cadenas de distribución comercial, abusando de su posición dominante, alteran la competencia en los mercados de frutas y hortalizas, especialmente de cítricos. Dicha situación provoca una caída de precios en origen en las regiones productoras de dichos cultivos como es el caso de la Comunitat Valenciana.
La venta a pérdida, ya prohibida por algunas legislaciones nacionales, debería verse imposibilitada por una norma de rango comunitario que regule las prácticas de fijación de precios de los productos perecederos. Los precios de venta al público deberían reflejar (con un desfase admisible de una o dos semanas) las variaciones de las cotizaciones en origen y el margen de beneficio que cada operador comercial establezca. LA UNIÓ solicita a las autoridades europeas en materia de la competencia que actúen de oficio ante este tipo de prácticas abusivas.
