Cuando ya se han cumplido más de seis años desde la adjudicación de la contrata de la basura de la comarca de la Vega Baja (3 de enero de 2008) la Junta de Gobierno del Consorcio del Plan Zonal XVII de Residuos de la Vega Baja ha aprobado por mayoría, con la abstención del Ayuntamiento de Orihuela, resolver el contrato de la concesión de la gestión de los residuos urbanos de la comarca con la mercantil adjudicataria, la UTE Cespa- Ortiz, participada por el empresario Enrique Ortiz imputado en dos piezas separadas del “caso Brugal”.
La propuesta de resolución, que se basa en el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el contratista, pone de manifiesto que la UTE no dispone de los terrenos necesarios para la construcción, por un lado, de la planta de residuos prevista en Albatera y, por otro, de la planta de transferencia que debía albergar Cox. Además, la empresa no ha podido obtener, tal y como se comprometió, las licencias y autorizaciones necesarias para la ejecución de estas infraestructuras.
Con esta decisión se inicia el proceso para cerrar un periplo de más de seis años que no ha estado exento de polémica desde su nacimiento y cuyo camino ha estado jalonado por las actuaciones judiciales, que, con toda probabilidad, no terminarán aquí.
Para adoptar esta decisión han sido determinantes los informes del catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat Jaume I, David Blanquer, del catedrático en la misma materia de la Universidad Carlos III, Luciano Parejo, y de la Abogacía de la Generalitat, que apuntan a que hay motivos para romper el contrato sin tener que indemnizar a la concesionaria.
Con esta decisión del Consorcio se abre ahora un periodo de diez días en el que la mercantil adjudicataria y el avalista podrán presentar las alegaciones que consideren. Si hay alegaciones se solicitará el preceptivo informe al Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat y se volverá a someter la decisión a la Comisión y a la Junta del Consorcio para que voten definitivamente la resolución del contrato.
Si se resuelve se procederá a incautar la garantía definitiva depositada por la adjudicataria, que se eleva a 1,9 millones de euros
La presidenta del Consorcio, Luisa Pastor, ha destacado que “en todo este proceso hemos hecho las cosas paso a paso y hemos cumplido en todo momento la legalidad, lo que nos permite hoy adoptar esta decisión”.
Orihuela se abstiene
La única abstención en el pleno, donde participan los 27 municipios de la comarca así como representantes de la Diputación Provincial y de la Generalitat, ha sido la de Orihuela representada por el concejal de Los Verdes Manuel Gallud.
El edil oriolano ha justificado su voto en el hecho de que ha reclamado a la presidenta de la Diputación que se adjunte a este procedimiento un informe técnico-jurídico de la Secretaria del Consorcio “que avale la decisión que vamos a tomar, y que no esté basada sólo en informes externos”.
Para Gallud el hecho de que este informe no se haya realizado “abre la puerta a Ortiz para que pueda pedir una indemnización millonaria en los juzgados alegando un defecto de forma en el inicio de este procedimiento”.
Las plataformas piden un cambio de modelo
Las plataformas de ‘Granja-Cox no al vertedero de transito’ y ‘Albatera no al vertedero’ han estado luchando desde que se adjudicó el contrato por evitar que se construya el macrovertedero proyectado.
Para ellos, según ha declarado José Domingo Guillén, portavoz de la plataforma de Albatera, esta resolución supone “una satisfacción moderada”. En su opinión “lo lógico sería empezar de cero, crear un nuevo plan zonal adaptado a la realidad y a la normativa europea actual”.
Al respecto, ha añadido que “no es suficiente con que ahora una empresa que cumpla con la legalidad sea la nueva adjudicataria, es importante que los ciudadanos también podamos participar, aportar ideas, y que se elabore un nuevo pliego de condiciones”.
